A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
¿Por qué México prácticamente está impedido a que haya una justicia plena y efectiva? Seguramente porque predominan los factores negativos: la falta de voluntad, el gran desconocimiento y la verticalidad que ordena las decisiones (no lo que señalan leyes y normas), además de la desactualización en las diversas materias, la corrupción, el uso político de la justicia y los acuerdos cupulares para beneficiar a los infractores de la ley predominan en México.
Y las preguntas son: ¿Qué pasa con los tribunales que se supone son el centro del sector de justicia? ¿Por qué cunde la mala fama de jueces, fiscales, abogados defensores, abogados civiles, personal de apoyo de los tribunales? ¿Qué pasa hoy con la policía, la guardia nacional y demás personas dedicadas a defender al ciudadano mexicano de bien?
Es urgente que expertos en la materia, no improvisados, expongan las necesidades que tiene la República Mexicana de mecanismos de seguridad para combatir la creciente delincuencia.
Ello, porque también urge la actuación, sin manipulación en las normas y acciones que llevan a cabo quienes deben, defender a los ciudadanos de quienes infringen la ley. Todos los renglones de la vida pública en la República Mexicana están destrozados. Un ejemplo muy claro de la ineficacia actual es la supuesta estrategia que existe (y que no sirve para nada) para la Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el Género (GIEV).
Sí, un nombre muy rimbombante y una nula efectividad. De ahí que a la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez no se le tenga respeto, ya que es un personaje que no tiene idea de esa materia, mientras otros que han llevado una vida con trabajos e investigación en ese rubro han sido hechos a un lado.
Precisamente ante los caóticos resultados en las agresiones contra las mujeres en todos sus renglones, francamente a nadie le importó el anuncio acerca de que la Secretaría de Seguridad Pública ya trabaja en una iniciativa para elaborar un registro de agresores sexuales y feminicidas y distribuirlos en las fiscalías estatales con la finalidad de que cuenten con un banco de ADN de uso forense, cuya información genética pueda ser utilizada en la búsqueda de evidencia. También dijo que habrá expertos para lo conducente.
La verdad es que se están dando palos de ciego. No hay nada que funcione porque quienes debieran conocer a fondo los temas son gente improvisada, conocedora de otras ramas que no tienen nada que ver con la seguridad y la justicia.
¿Acaso se toma en cuenta actualmente que en todo hecho delictivo se utilizan diferentes agentes para consumar una acción o una conducta tipificada como delito, estos agentes pueden ser físicos, químicos o biológicos, como lo señalan los expertos en la materia?
En México no.
LA INSEGURIDAD
QUE NOS AFECTA
Hace unos años el especialista Gustavo Palmieri, mencionaba:
“En Honduras, los escándalos que llevaron a la disolución de la Dirección Nacional de Investigación y la consecuente necesidad de generar un cuerpo de investigación fuera del espacio militarizado de la Fuerzas de Seguridad Pública (FUSEP), impulsaron la asociación de dos proyectos que tenían orígenes separados: la creación de la División de Investigación Criminal (DIC) y del Ministerio Público, en un contexto político de fortalecimiento del poder político civil frente al poder militar”.
Y ante la situación que vivimos, más allá de que los expertos deberán señalar las áreas en las cuales deben de llevarse a cabo modificaciones en leyes, reglamentos y normas en general, vale la pena señalar una parte del planteamiento de Jaume Curbet en “La Seguridad Ciudadana en las Metrópolis del Siglo XXI”, quien expone, por ejemplo: “… las encuestas de victimización son, la técnica que ofrece una visión más próxima a la realidad de la población; por ello, tienden a ser utilizadas como base de los indicadores de inseguridad subjetiva; es decir, para medir el riesgo percibido.
“Una dificultad añadida al análisis de la inseguridad ciudadana reside no sólo en la falta de indicadores adecuados, sino también en sus propias limitaciones, ya que su elección siempre implica una selección y, en consecuencia, no puede quedar exenta de controversias teóricas y políticas. A pesar de todas estas limitaciones, por otra parte inevitables, conviene entender que la tarea prioritaria consiste en reformular los problemas de la inseguridad ciudadana (asociada exclusivamente al peligro de la delincuencia de calle) en el contexto de la inseguridad social global y en unos términos que posibiliten afrontarla sin costos insostenibles para la libertad y la justicia”.
Además, expone:
“Sin embargo, la elección e implantación de políticas y prácticas técnicamente viables (es decir, realizables) y políticamente sostenibles (o sea, aceptables socialmente) presupone la existencia de unas determinadas condiciones sociales, políticas y culturales de realización. Por tanto, la interacción, inevitablemente paradójica, entre la libertad de acción individualmente responsable por parte de los actores y la influencia decisiva de les condiciones sociales, políticas y culturales resulta ineludible”.
Pero he aquí, algo que hace mucho daño y que vive México en el actual mandato presidencial:
“El protagonismo, y consiguientemente la responsabilidad, de los actores en los cambios operados en el control del delito y la justicia penal durante la última mitad del siglo, resulta incuestionable en la resolución de los problemas que se van planteando sucesivamente. Así, los gobiernos despliegan dos grandes estrategias esquizofrénicamente orientadas hacia objetivos opuestos.
“Por una parte, se promueven reformas institucionales y políticas públicas destinadas, de una forma u otra, a superar los límites evidenciados por la justicia penal y a corresponsabilizar a la comunidad en el control preventivo del delito (estrategia comunitaria). Pero por otra, los funcionarios elegidos –ante las dificultades para adaptar las políticas públicas a la incómoda realidad– reaccionan con frecuencia de manera politizada, ya sea para negar la evidencia y reafirmar el mito estatal del control exclusivo del delito o bien para abonarse a unas recetas de ley y orden de resultados electorales tentadores, pero de efectos sociales impredecibles (populismo punitivo)”.
Por cierto, en el extenso análisis hay un recordatorio que le haría muy bien analizar a los funcionarios mexicanos:
“…no conviene olvidar que las actitudes de “sentido común” se caracterizan con demasiada frecuencia por una visión totalitaria que se ampara en una mezcla explosiva de suposiciones frívolas y dogmas ideológicos, y que confluyen en una demanda inflexible de justicia y castigo –que en realidad equivalen a venganza–, así como de protección a cualquier precio”.
Además…
“Planteado así, el problema de la inseguridad ciudadana es indudable que no tiene solución. Cae por su propio peso que la aplicación simultánea de todos y cada uno de estos principios absolutos resulta, simplemente, imposible. Esto puede comprenderse todavía mejor cuando estas exigencias inflexibles se contrastan con la limitación de los recursos puestos a disposición de la justicia penal, las exigencias jurídicas en materia de prueba, la capacidad de acción de la defensa y las posibilidades de acuerdos acerca de la sentencia. Por ello, no resulta fácil evitar que el público, con frecuencia, sea incapaz de entender las decisiones de la justicia penal y que, en muchos casos, simplemente se escandalice”.
En fin que en nuestro país, actualmente, están presentes decenas de escollos que hacen más grave la inseguridad en el país, así como la aplicación de la ley.
Y el gobierno, fundamentalmente, es el responsable
