Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Después de haberles dado en las narices con la puerta Mariana a los dirigentes de la cúpula empresarial y cerrarla por meses, la decisión de los legisladores de oposición hizo cambiar el rumbo.
Era impensable que desde el Palacio de la Pureza surgiera la oferta: estoy llamando al diálogo.
Palabras presidenciales aderezadas con la presunta explicación.
“Estoy llamando al diálogo y estoy pidiendo a los accionistas de las empresas, responsables de las empresas, y gerentes a que empiecen a llevar a cabo consultas con sus abogados, que sean abogados serios y no les estén mintiendo, porque ya es cosa juzgada. Lo que hizo en la Corte fue un análisis de artículo por artículo, y cuando un artículo se aprueba por unanimidad ya no hay amparo que valga, pueden hacer estrategias tácticas, dilatorias, pero ya es algo resuelto en definitiva”, expresó el presidente López.
Tiene una equivocación: los amparos seguirán .solicitándolos todos aquellos que consideren afectados sus intereses. No se terminó el conflicto. Un magistrado de Tribunal Colegiado me comentó: “Hasta que no se lea el engrose del caso, exposición por exposición, sabremos cuál es la realidad. Sin embargo, cualquiera que fuera, se trata de una Ley secundaria y está sujeta a ser analizada en cuanto a quienes estimen les afecta en sus intereses. Los 7 votos en contra del proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz llevan a esta conclusión. Seguramente se buscará que sea en el Pleno y no en las Salas, donde se discutan los casos correspondientes. Es falso que sea cosa juzgada”.
En la explicación recibida se hizo notar que la Ley de la Industria Eléctrica no fue declarada constitucional como presumen en el Gobierno federal. Es correcto apuntar que no se consideró inconstitucional y ello no se debe interpretar como la luz verde para todos los semáforos; habrá algunos en amarillo y otros en rojo.
Quizá lo importante de las expresiones presidenciales sea la búsqueda de acuerdos. Por lo menos s lo que se interpreta del siguiente párrafo obsequiado en la mañanera de este miércoles:
“Vamos a buscar un proceso de transición donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se den opciones a quien de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley”.
Hay que decir que nadie actuó fuera de la ley. Lo hicieron con el marco legal que proporcionó la reforma de 2103.
Según el inquilino temporal del Palacio de la Pureza, el diálogo con las empresas y sus directivos, evitará que el presidente se haga de la vista gorda (¿y si es flaca? Lo que fomentará la comunicación entre ambas partes.
¿A qué el cambio? Antes del domingo las declaraciones apuntaban hacia el rechazo de entablar siquiera el saludo con los “fifís” o con los extranjeros que vinieron a robar.
El presidente de México y su gabinete saben que las decisiones de la Corte y del Legislativo apretaron parte de la carrocería, a la que le sonaba todo menos el claxon, y por tanto hay que entender que en el país primero está el estado de derecho, perdido por espacio de 40 meses, que las violaciones sistemáticas a la Constitución y las Leyes que de ella emanan. Así es la legalidad. Así en la democracia. Así en los demócratas. El presidente lo sostiene: soy un demócrata y el Poder Ejecutivo ni es el “poder de los poderes”.
Eso está por verse. Y se verá en el rechazo, pronosticado en tiempo y forma, a sus próximas iniciativas de reformas constitucionales.
Porque los tiempos “ya no son los de antes”.
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