La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 72/2022 al gobernador constitucional del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, y al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Procuraduría Federal) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Oliver Castañeda Correa, por diversas violaciones a derechos humanos en perjuicio de personas menores de edad, víctimas directas e indirectas de trata de personas, que fueron objeto de agresiones de carácter sexual al interior de un albergue a cargo de una asociación civil en el Estado de México.
El 23 de marzo de 2021, la CNDH inició de oficio un expediente de queja, derivado del conocimiento que tuvo, a través de notas periodísticas, sobre las personas menores de edad que fueron objeto de agresiones de carácter sexual por parte de dos adolescentes que también residían en dicho albergue, dedicado al cuidado de víctimas de trata de personas y ubicado, en primera instancia, en la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, y más tarde, en el Estado de México.
En las notas mencionadas se afirmaba que, cuando dicha asociación civil prestaba sus servicios en la Alcaldía Coyoacán, vecinos del edificio donde se encontraba el albergue denunciaron que por las noches se escuchaban “chillidos y gritos de niños”. Además de que los cuidadores de los niños solo trabajaban de día y de lunes a viernes, por lo que en las noches y los fines de semana las personas menores de edad se quedaban solas, sin cámaras de seguridad y con acceso a aparatos electrónicos como computadoras, sin que se contara con antecedentes de que alguna autoridad federal o local realizara inspecciones en dichos lugares.
La Comisión Nacional pudo constatar que, tras los hechos ocurridos al interior del albergue, se presentaron denuncias ante la FGJEM los días 10 y 12 de agosto de 2020, y una más el 15 de abril de 2021, dando origen a las carpetas de investigación 1 y 2 por violación equiparada, y la carpeta 3 por violación con modificativa agravada, cuando el agredido tenga alguna discapacidad, por lo que se vinculó a proceso a dos personas adolescentes.
De la investigación de los hechos realizada por la CNDH, se acreditó que la FGJEM y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia de Coahuila (PRONNIF-Coahuila) omitieron realizar diversas acciones a efecto de cerciorarse de que, las personas menores de edad canalizadas desde esa entidad federativa a dicho albergue, fueran alojadas en un lugar que contara con las condiciones adecuadas para atender sus necesidades particulares y garantizarles su derecho a vivir en un estado de bienestar y sano desarrollo integral. Asimismo, se acreditó que durante el tiempo que las víctimas permanecieron en el lugar donde se encontraban alojadas, las autoridades responsables de las citadas entidades federativas no verificaron que las condiciones de alojamiento, los servicios de asistencia y la capacidad del personal de ese lugar fueran suficientes para brindarles la atención que requerían.
