ALFREDO MEJÍA MONTOYA
La retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de salud, lo hizo prometer como siempre lo ha hecho al pueblo. Promete y no cumple, que México tendría en esa área el mayor y mejor servicio en atención medica, calidad y medicamentos gratuitos, como lo tienen en países como Dinamarca, Canadá o Reino Unido.
La idea parecía sana, vaya hasta honesta. Sin embargo, con el simple transcurso del tiempo se fue desvaneciendo esa promesa, precisamente por la redirección del presupuesto etiquetado para el sector salud hacia el del aeródromo de Santa Lucia (AIFA), como si fuera en su momento más importante continuar con las obras de infraestructura respecto a las de salud y bienestar de la población. Hubo intentos fallidos de inaugurar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) pero no lo hizo, ya que solo existía en el decreto de su creación.
La sustitución del Seguro Popular por el INSABI, deviene de acciones e inacciones en esta materia. En 2018 solamente 13.7% de la población rural no contaba con acceso a los servicios de salud, y con la administración López Obrador aumentó hasta 30.5% en 2020, siempre los pobres y en las zonas urbanas de 17 a 27.4 por ciento. Los deplorables y escasos resultados dejaron sin protección a la salud a los sectores más vulnerables como adultos mayores, personas de escasos recursos y mujeres, quienes eran los principales beneficiarios del Seguro Popular. Ahora en el 2022 siguen sin recibir cuando menos la atención que les fue quitada por un simple capricho. Debió de haberse quedado el Seguro Popular hasta en tanto no estuviera debidamente armado toda la infraestructura del INSABI.
La coexistencia del INSABI con otro sistema de salud. Hubiera sido óptimo.
La obligación del Estado es proporcionar servicios públicos como principal función de Gobierno, infraestructura para el asentamiento de polos de desarrollo o en comunidades rurales o citadinas, como vías de comunicación, centros de salud, escuelas, mercados, obra hidráulica, drenaje, áreas verdes, zonas de esparcimiento para niños y jóvenes, transporte público eficiente, etcétera.
Los Gobiernos pretenden hacer creer a la población que lo que régimen proporciona es prerrogativa de éste, y no, no es así, es su obligación. En la propia Constitución se asienta la ordenanza de que es el gobierno quién debe proporcionar tales servicios públicos, y en materia de salud está el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que: toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. En términos de la Ley General de Salud (LGS), este derecho constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis1 de la Ley General de Salud).
A partir de estos criterios, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando: no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el INSABI (antes Seguro Popular), las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE, o similares en las entidades federativas, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados subrogados.
El Virus SARS-CoV2 (COVID-19), evidenció un sistema de salud débil, obsoleto y fragmentado. La falta de inversión en infraestructura, el subejercicio criminal del presupuesto, la redirección de presupuesto de salud etiquetado y la creciente privatización de los servicios, han dejado al país vulnerable, y a miles de mexicanos se le cancela su derecho constitucional a la protección de la salud. Pese a los impuestos que pagan los contribuyentes.
Las carencias de infraestructura son más que números para quienes no son atendidos por falta de médicos o la saturación del servicio o reciben atención deficiente. Esto quedó al descubierto durante la actual y reciente Pandemia aún en curso, con un INSABI inexistente, sin presupuesto y obvio sin personal, que fue desapareciendo lentamente como si nunca hubiere existido.
Después de varios tropiezos, sin presupuesto, sin infraestructura el INSABI puede pasar de un logro aparente del régimen, a un fracaso monumental, El gobierno federal de plano eliminó del presupuesto al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y ahora dice que lanzará el Programa IMSS-Bienestar, el cual se encargará de dar servicios de salud y medicamentos a las personas que no tienen seguridad social.
Este programa arrancó el 1 de abril en Nayarit de nueva cuenta y solo para variar en una de sus conferencias matinales el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que para el 2024 los hospitales de salud a cargo de los gobiernos estatales se conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar. Este Programa no es nuevo, se remonta a 1973, año en el que se modifica la Ley del Seguro Social para facultar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a extender su acción a núcleos de población sin capacidad contributiva, de extrema pobreza y profunda marginación. Que la transferencia de estos centros de salud se realizará bajo tres principios: 1) continuidad de los servicios de atención medica, 2) libre asociación de los estados, 3) libre adscripción de los trabajadores y transparencia.
No hubo mayor ni mejor servicio de atención medica, calidad y medicamentos, al estilo del que tienen países como Dinamarca, Canadá o Reino Unido. Una promesa más, … no cumplida.
Actualmente IMSS-Bienestar opera en 19 entidades del país otorgando servicios de salud a 11.6 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social.
En sus 42 años de operaciones, y con altos índices de neoliberalismo, ha pasado por diferentes reformas que incluyen su denominación: IMSS-Solidaridad (1989), IMSS-Oportunidades (2002), IMSS-Prospera (2014) y a partir del 2018 a IMSS-Bienestar. Después de mas de tres años López Obrador se dio cuenta, que no podía echar andar al INSABI, sin la experiencia, sin el personal idóneo de lo que es proporcionar bienestar en materia de salud.
El gasto presupuestal del INSABI incluyendo las remuneraciones de los Coordinadores y su director Juan Antonio Ferrer, designado este último directamente por López Obrador, fueron recursos gastados sin sentido. Ferrer sin experiencia en el sector salud, empezó a tejer conductas y quejas en torno a su funcionamiento, que fueron saliendo a la luz pública, sobre todo por el presunto cobro de cuotas de recuperación en hospitales de primer, segundo y tercer nivel, esto pese a que la atención médica sería totalmente gratuita, cubierta claro con el dinero de los contribuyentes, porque gratuito no hay nada, solo una simple redistribución de la riqueza.
El fracaso en el funcionamiento del INSABI, fue tan grande, que lo mejor que le ha pasado el régimen, ha sido llevarlo al área de extinción de las instituciones, deporte que a López Obrador le gusta de sobremanera, sin el mayor recato de la austeridad republicana que presume.
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