Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Tomando las palabras presidenciales en torno a la admisión de su ignorancia -de la información- cuando el culiacanazo y que después se enteró, porque siempre se entera de todo, habría que colocarlas en la boca del almirante Rafael Ojeda, quien como comandante Naval de la Zona de Acapulco, además de Oaxaca y Michoacán -datos ofrecidos en la mañanera del miércoles-, si estaba ausente del puerto los días 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando fueron secuestrados los jóvenes estudiantes, a su regreso debió ser enterado del suceso. El escándalo ni era ocultable.
Sería inadmisible que un hecho de tal relevancia pasara de noche y se le escondiera al mando naval a cargo de la Zona.
Por consiguiente, sabía de los hechos y nunca, por lo menos en las indagatorias de la Procuraduría General de la República y en la estatal de Guerrero, en ese tiempo a cargo de Iñaki Blanco, hay registros de alguna declaración. En el caso de Blanco, durante una entrevista con el periodista José Cárdenas, dijo haber hablado con el almirante, pero no del tema y menos en los días posteriores a los hechos.
Sin intención de responsabilizar el mando naval, ahora en el mayor cargo que se pueda tener en la administración pública representando a la Marina-Armada de México, levanta sospecha que, hasta ahora, 7 años más tarde, los integrantes del GIEI hayan obtenido el video en el que se involucra a marinos realizando acciones que podrían ser ilegales.
¿Quién entregó el video?
¿Quién ordenó ponerlo en manos de los expertos?
No se requiere ser genio o adivino para llegar a una conclusión.
Podría tener relación con la declaración presidencial de que el almirante estaba olvidado en la Secretaría de Marina, algo que parcialmente podría ser cierto, porque ser jefe de una zona naval tan importante como la de la región del pacífico, no es cargo menor. Y ahora que está empoderado cobre algunas facturas de sus anteriores superiores. Podría, no señalo que haya sido.
Sin embargo, resulta intrigante que, hasta ahora, tres años después de haber sido elegido para ocupar el cargo de secretario de Marina, salga la información sobre el secuestro de los jóvenes a través de un video en el que se muestra a marinos.
Desde la campaña, Andrés Manuel López, candidato, asumió el compromiso de reabrir el caso Ayotzinapa y llegar al fondo, descubrir la verdad verdadera.
De entrada, la instrucción fue tajante: desacreditar la verdad histórica y comenzar de cero. Así, con esas palabras.
Obedientes que son en el gobierno cuatroteísta, se dieron a la tarde de cumplir las órdenes. Surgieron nombres como el de Tomás Zerón de Lucio, a quien se atribuye haber torturado a testigos para conocer la “verdad”, violar la reclusión de un detenido y trasladarlo hasta el Río Cocula para confirmar versiones. Partir de cero llevó al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación a concluir que se trató de una acción de Estado. (Nunca se ha referido al hecho como un crimen de Estado).
¿Por qué en tres años nadie habló con el almirante Ojeda sobre el tema?
¿Por qué él no proporcionó previamente la información de que la institución poseía videos de la noche en que fueron secuestrados los jóvenes estudiantes?
Los expertos independientes podrán ser excelentes forenses y tener clara la idea de dónde puede estar la información… no son investigadores penales para seguir las pistas que dejan los criminales. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que en la Secretaría de Marina existía el video que dieron a conocer en su tercer informe?
Primero, lo dijo el presidente López, le informaron a él y después se hizo público el contenido del hallazgo
Un generoso lector me comenta: “¿A poco nadie sabe cómo se visten los criminales?”, infiriendo que quienes aparecen en el video son malandros. La hipótesis se desmorona al darse a conocer cómo obtuvo el grupo de expertos el video. Se lo entregó la Semar. No se registran nombres, supongo por la secrecía de la indagatoria forense.
El presidente exonera a su secretario de Marina. Es su obligación primigenia más no definitiva. Se conoce cómo piensa cuando alguno de sus colaboradores es mencionado en asuntos presuntamente ilegales. En este caso, sin que medie orden para acudir a la Fiscalía Especial, el alto mando naval debería acudir y declarar lo que sabe. No hacerlo es alimentar las conjeturas que, no necesariamente, tienen sustento.
Lo único claro es: el almirante Ojeda sabía lo que ocurrió ese mismo día o después, pero sabía.
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