Miguel Tirado Rasso
Los cambios en el gabinete presidencial siempre serán noticia, pero no algo inusual. De hecho, son pocos los casos de los sobrevivientes a los seis años de gobierno, porque el camino es largo, sinuoso, accidentado y sujeto a toda clase de eventualidades. Al capitán del barco sexenal le corresponde la potestad de hacer los ajustes que considere necesarios y sobre los que prevalece, casi siempre, el misterio de los motivos de los movimientos. Así que, a falta de información se da rienda suelta a la especulación.
En lo que va de la 4T, se han registrado alrededor de 37 cambios en el gabinete legal y ampliado, en los que caben causales de todo tipo: aspiracionistas, para gobernar su estado natal (Alfonso Durazo, Sria. de Seguridad y Protección Ciudadana); cambios estratégicos (sustitución de Olga Sánchez Cordero por Adán Augusto López Hernández, Sria. de Gobernación); renuncias forzadas por ignorar las recomendaciones de “extravagancias no, justa medianía” (Santiago Nieto, Unidad de Inteligencia Financiera), o por conductas prepotentes (Josefa González Blanco, Semarnat); destituciones, por falta de resultados y pugnas partidistas (Irma Eréndira Sandoval, Sria. de la Función Pública) o no dar el ancho (Rogelio Jiménez Pons, Fonatur); por desgaste y pérdida de funcionalidad (Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia).
Pero también hay casos de renuncias por desencanto, que han generado ruido y molestia al interior de la 4T, al hacer públicas los renunciantes, pugnas internas, excesos tolerados, fuego amigo y un ambiente de arrogancia que impide reconocer fallas. El economista Carlos Urzúa renunció como secretario de Hacienda (julio, 2018), después de siete meses de haber sido nombrado, al considerar inaceptable la “imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública”. Un hecho, denunciaría, motivado por personajes influyentes del actual gobierno con patente conflicto de interés. En su carta renuncia expresaría también su desacuerdo con que en el gobierno se hubieran tomado “decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. A partir de su salida, Carlos Urzúa se volvería un severo crítico de la 4T.
El michoacano Germán Martínez renunciaría a la dirección del IMSS (mayo, 2019) tras seis meses de ocupar el cargo, en una carta que hizo pública y en la que criticaba los graves recortes de personal, la agresiva política de ahorros en el Instituto y la injerencia perniciosa de la secretaría de Hacienda en la administración del organismo. El abogado, no permitió que le impusieran funcionarios desde otras dependencias ni aceptó las presiones para exprimir al Instituto, y optó por dejar al organismo y regresar a su escaño en el Senado, en donde más tarde renunciaría a Morena.
Con sólo 15 meses en el cargo, el académico Víctor Manuel Toledo dejaría la titularidad de la Semarnat (agosto, 2020), poco después de haberse filtrado un audio en el que el ambientalista criticaba al gobierno de la 4T por “estar lleno de contradicciones que se expresa “concretamente, en luchas de poder al interior del gabinete…” Además de señalar sus diferencias con varios secretarios del gabinete y asegurar que la agenda ambientalista no estaba en las prioridades del presidente López Obrador.
El doctor Jaime Cárdenas, por su parte, dejaría al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (septiembre, 2020) después de encabezarlo durante sólo poco más de tres meses. Además de haber expresado su desacuerdo con la “lealtad ciega” al proyecto de la 4T que el presidente exigía, el renunciante aseguraría que la Institución estaba infectada por la corrupción, por lo que había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, por los delitos de robo de piedras preciosas, subastas arregladas y favoritismo a empresas. La denuncia no se investigó y, hasta la fecha, duerme el sueño de los justos.
Desde luego, las renuncias en el equipo más cercano al Titular del Ejecutivo, como las de Alfonso Romo y Julio Sherer, este último a la Consejería Jurídica de la Presidencia (septiembre, 2021), ocurren sin estridencias y, generalmente, bajo protocolos tradicionales en los que, foto de por medio, muestran una salida sin fracturas ni reclamos. Aunque esto no blinda de causas ajenas que puedan alterar un final suave.
La salida de Julio Scherer ocurrió sin mayores aspavientos. Su renuncia habría tenido que ver con el deterioro sufrido en su poder político, al perder, en favor de la Sria. de Gobernación, varias de las funciones que se le habían asignado al inicio del sexenio como la “atención a todos los asuntos públicos, políticos” y la interlocución con los gobernadores, con la Fiscalía General de la República y con los poderes Legislativo y Judicial. Sobre esto no hubo queja, al menos no pública.
Sin el voto de confianza del que manda y con desacuerdos con la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y con el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, Julio Sherer dejó la Consejería Jurídica. Las viejas rencillas con estos dos personajes, sin embargo, no se olvidaron. Lejos ya del poder y, aparentemente, sin el manto protector de su amigo y “hermano”, resultó un blanco apetecible para cobrarle deudas pendientes.
Ante el acoso, el ex funcionario decidió jugarse una carta delicada y denunciar, públicamente, lo que considera una confabulación en su contra, a través de un modus operandi “extorsivo” del fiscal general y de la senadora para perjudicar su imagen, perseguirlo judicialmente y acusarlo penalmente.
Las pugnas entre personajes pertenecientes al primer círculo del presidente, no pueden soslayarse ni pasar desapercibidas. La acusación es grave. Muy lejos de una simple diferencia de opiniones. Los cargos contemplan delitos, abuso de poder, conflictos de interés y extorsión, que se atribuyen a funcionarios de máxima jerarquía, con puestos de alta responsabilidad y gran poder. Es de esperar, al menos, una investigación que deslinde culpas y responsables.
A querer o no, habrá efectos colaterales y sacudimientos al interior de la 4T.
