Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
A 24 días del ejercicio, originalmente ciudadano y secuestrado por el gobierno federal y los partidos aliados, para la Revocación de Mandato pareciera que los números no les da a los que ostentan el poder… temporal.
Solamente así se explicaría la parafernalia en la que viven desde el Presidente de la República hasta el taxista, mesero o chef que espían para “mantener informado” al Jefe del Ejecutivo federal.
Los diputados buscaron y sin encontrar fundamento, decidieron “interpretar” el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Sin embargo, la clara intención es conceder escudos para todos los servidores públicos y que de inmediato promuevan la revocación de mandato. Quizá una de las interpretaciones tenga que ver con la licencia solicitada por diputados para “impulsar en sus distritos” la asistencia de las urnas el 10 de abril. En estricto apego a derecho, no dejan de ser legisladores y por tanto son servidores públicos, aunque no asistan a las sesiones o a sus comisiones de trabajo.
Para interpretar la Constitución y las Leyes que de ella emanan, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los congresistas no están facultados y cometieron una invasión de otro poder.
A fin de darle más herramientas al Gobierno, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad de 93 votos, una reforma para que los empleadores permitan a los trabajadores alejarse de sus labores para participar el próximo 10 de abril en la consulta de revocación de mandato.
El argumento presentado por el senador Napoleón Gómez Urrutia raya en algo más que simplismo: los cambios obligan a los empleadores a dar el tiempo necesario para que sus trabajadores puedan participar en los procesos presentes y futuros de revocación de mandato.
A pesar de los acuerdos del Consejo General del INE para prohibirle al presidente de la República y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México promover el evento, lo siguen haciendo y reconocen que violan la ley, pero es su obligación informar a la ciudadanía ya que el INE no lo hace.
Los acuerdos fueron avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De nada vale la separación de poderes. Cada quién hace lo que le venga en gana.
Eso muestra preocupación de parte del Primer mandatario y de sus acólitos. Se advierte que interesa tanto que el ejercicio alcance los votos para la vinculación. Porque ello mostraría cómo está la estructura de Morena en el país y seguir pavimentando el camino hacia una permanencia, aunque inconstitucional,
¿Por qué hay tantos promotores, tantos espectaculares, tantos volantes, tantos puestos de promoción con la foto del presidente, el lema “vota porque siga” si todo está prohibido por la Ley que hicieron los morenistas?
Todo ella, toda la promoción, cuesta dinero. Y raudales de billetes y monedas.
¿De dónde están saliendo?
El INE tiene la facultad y la obligación de investigar. Bueno, si es que sus consejeros principales no están amedrentados después de tantas acusaciones desde el púlpito presidencial y cuyas resonancias llegan al Viejo Palacio del Ayuntamiento y a la sede de Morena en donde se ocupan de subir los decibeles.
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