El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que los nuevos subsidios a combustibles en México darán como resultado mayores recortes al gasto público.
Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF; añadió que esta medida también será insostenible para el país, pues el gobierno no cuenta con el espacio fiscal necesario para ello.
Desde su perspectiva los recortes presupuestales podrían darse en entes autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
“Es entendible que se quiere evitar un repunte en los precios de las gasolinas, pero el efecto que eso tendrá será transitorio y las repercusiones y problemas que generan una política así, acaba pesando más sobre la economía e inhibiendo su buen funcionamiento”, comentó el experto en conferencia de prensa.
El 4 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso en marcha un estímulo complementario al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a las gasolinas.
La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que dicho beneficio podrá acreditarse contra los impuestos al valor agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR).
Este mecanismo se pondrá en marcha cuando la cuota del IEPS a combustibles sea del 100 por ciento. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), estos subsidios podría generar pérdidas recaudatorias por alrededor de 554 mil millones de pesos, cerca del dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con la SHCP, este programa es necesario “para enfrentar los incrementos de las referencias internacionales de los combustibles y del crudo, así como del tipo de cambio”.
Sin embargo, Mario Correa consideró que este programa sólo beneficiará a una parte de la población, ya que no todos los mexicanos cuentan con automóvil propio.
“El problema es que es un subsidio que va solamente a quienes tienen automóvil o a los que están mejor parados en la sociedad. Es difícil justificarlo desde el punto de vista social, más allá de tratar de evitar que tenga un impacto sobre la inflación”, añadió el analista del IMEF.
