El 2021 fue uno de los años más violentos, al ser asesinadas más de 3,500 mujeres.
En enero de 2022, se registraron 76 feminicidios.
El gobierno federal no sólo ha sido incapaz de frenar los feminicidios, sino que ha tomado decisiones que violentan la integridad y los derechos humanos de las mujeres.
Lamentaron la conducta del Fiscal General de la República, en quien recae gran parte la responsabilidad de investigar los feminicidios, pero que utiliza la FGR para dirimir un conflicto familiar y, además, incurre en abuso y misoginia.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Colectivo Rebeldes con Causa reiteró su exigencia al gobierno federal de construir una política pública más eficaz para prever los feminicidios y demandó poner fin a la violencia institucional contra las mujeres.
Recuerdan que 2021 fue uno de los años más violentos, al ser asesinadas más de 3,500 mujeres. En tanto que, en enero de 2022, se registraron 76 feminicidios en el país. En la Ciudad de México, han repuntado en un 25% estos crímenes y en las últimas semanas han ocurrido en promedio 11 feminicidios cada 24 horas.
Por otra parte, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta mayo del año pasado, se registraron de 23,909 casos de violencia familiar; en tanto que, de 2020 a 2021 también aumentaron las violaciones en un 28.1%, con 21,189.
Las exlegisladoras Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Martha Tagle y Verónica Juárez advierten que el gobierno federal no sólo ha sido incapaz de frenar los feminicidios, sino que ha tomado decisiones que violentan la integridad, los derechos humanos y fomentan la violencia institucional contra las mujeres.
Resaltan, por ejemplo, la conducta del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en quien recae gran parte la responsabilidad de investigar los feminicidios, pero que utiliza la institución a su cargo con fines particulares para dirimir un conflicto familiar e incurre en abuso y misoginia.
Además, insisten, “es importante recordar que, por las medidas de austeridad, las instancias y dependencias encargadas de atender la problemática de la violencia de género han sufrido importantes recortes presupuestales que ponen en riesgo su operatividad”.
“Desde nuestro colectivo, hemos expresado, en muchas ocasiones, la preocupación por la inexistente política del gobierno federal contra la violencia feminicida y la falta de recursos para que los cuerpos de seguridad pública de las entidades federativas y los municipios, sean capaces de prevenirla y atender a sus víctimas, de manera digna y adecuada”, remarcan.
“El gobierno federal está obligado a atender la problemática que aqueja a la mitad de la población que gobierna y que acciones como ésta no solo son ilegales, sino que contravienen los principios constitucionales y nuestro marco convencional”, acusan.
Es por ello que, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, demandan al gobierno federal “escuchar el clamor que exige asumir su responsabilidad de poner fin a los feminicidios y dejar de fomentar, desde el propio gobierno, la violencia contra las mujeres”.
