*La Auditoría Superior de la Federación y los Hallazgos
*La Cuenta Pública de 2020 Presenta Irregularidades
*Obras Emblemáticas y Sector Salud, las Encabezan
*Descubierto Daño Patrimonial: Asciende a 63,010 mdp
ALFREDO MEJÍA MONTOYA
Cada vez más visible y más palpable la discordancia, la impericia de la extraña forma de tratar de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le dificulta, no se le da y menos si no tiene los temas a tratar previamente platicados con su dirección de comunicación social y con sus “periodistas” que normalmente le hacen “preguntas” para que la respuesta haga eco en el colectivo social, fáciles, dónde pondere su habilidad política y distractora. Cuando el tema principal desde el 27 de enero, son los indicios de un conflicto de interés, y los periodistas oficiales no cuestionan ni tocan el tema empantanado ya más de treinta días, provocó que el inquilino perdiera su agenda mediática a favor de su gobierno.
Aunado a ello, no puede hablar de lo que tanto le gusta, de lo que le eleva la autoestima, donde exalta su ego reprimido, de lo que le sale mejor y se siente como pez en el agua, exacto: de la Revocación de Mandato, cuya veda electoral está en curso y no puede hablar de su concurso de popularidad ni de logros de gobierno, bueno en este punto no tiene mucho que decir. Sin embargo, lo hace, pese a que sabe que está violentando la ley electoral, pero esa es una de sus características, hacer a un lado el estado de derecho ante sus prioridades políticas, que no políticas públicas.
La cuestión es de que López Obrador está encerrado, atrapado en un tema que de suyo es su prioridad, ya que se trata de un asunto de lazos filiales, en los que el considera que sí debe meter las manos, bueno, las mete en todo, utiliza todos los métodos y artificios legales y legaloides posibles para tratar de desvirtuar los hechos y deshechos, agrediendo, como jamás se ha visto en la historia moderna del país, a los periodistas y medios de comunicación, al grado de querer utilizar al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para que le proporcione informes de diversos periodistas de pluma libre y conocer datos privados protegidos por la ley. Sin percatarse de que hay disposiciones legales e instituciones que protegen la información de los sujetos privados y de servidores púbicos.
Los servidores púbicos no pueden hacer uso de su puesto o encargo en contra de entes privados, ni utilizar dinero púbico para tales efectos, el costo de las matinales se sufraga con las contribuciones que pagan los contribuyentes, y ese costo debiera ser auditado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Son cuestiones que el inquilino de Palacio desconoce, esto es, hay dependencias públicas que tienen atribuciones, facultades y competencias para diversos asuntos que convergen en su operación y todo ello se encuentra plasmado en el Reglamento Interior de la Dependencia correspondiente. López Obrador considera que él como presidente tiene todas las facultades posibles existentes, y no, no las tiene, para eso están los límites en las disposiciones legales y reglamentarias, su actitud autócrata y totalitaria le provoca violentar el estado de derecho, llega a pensar que “el que puede lo mas, puede lo menos” y no, tan es así, que él no puede levantar una infracción de tránsito, ni sancionar con una multa al que tire un chicle en la vía pública o al que sin motivo ni permiso tire o corte un árbol o veinte mil en vía pública o en lugares privados, no, no puede hacerlo, para eso están las dependencias cuyas competencias atribuciones y facultades se les ha dotado para esos efectos a fin de dar el debido cumplimiento de la ley, sobre las conductas de los infractores.
La ley es el único limite del actuar de una autoridad.
En el ambiente nacional flotan los resultados de las auditorias de la Cuenta Pública 2020, de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y en su informe plasma una serie de observaciones e inconsistencias de cada una de las dependencias revisadas. Esta facultad de la ASF es con el fin de verificar si el dinero público se gastó con responsabilidad y estricto apego a los acuerdos, licitación o asignación directa.
Estos son los temas que debieran tratarse en las matinales de Palacio, ya que el desvío de dinero público, por inconsistencias entre los volúmenes estimados contra los realmente ejecutados, pagos indebidos, egresos, pagos duplicados, proveedores inelegibles y por supuesto los relativos al conflicto de intereses, demuestran la corrupción que impera en la llamada 4T. A grandes rasgos, números cerrados y en millones de pesos se detectaron irregularidades en algunas dependencias como:
Refinería Olmeca, se observaron 59 mdp por concepto de pagos indebidos.
CONADE, hay 377 mdp por aclarar
SEDENA-AIFA, se detectó que no reportaron egresos por 20 mdp del fideicomiso público.
Programa Apoyo Financiero, daño a más de 3 mdp por Microcréditos de 25,000. pesos no Pagados, sin control e integración de expedientes y otorgados hasta a menores de edad.
Tren Maya, irregularidades por 1,300 mdp en construcción y el monto de la inversión total estimada entre 2019 y 2021 se incrementó en 26.9 (de 141 a 179 mmdp)
Entidades Federativas y Municipios, por manejo ineficiente de recursos, daño 30.522 mdp
Atención de la Pandemia (IMSS, ISSSTE, INSABI, SEDENA y SEMAR), irregularidades de contratos directos generó posibles daños al presupuesto de 2,728 mdp
Secretaria del Bienestar, observaciones de 1,116 mdp
SEP, observaciones por mas de 1,086 mdp
AIFA, diferencias de 1,372 mdp por construcciones no realizadas en pre-puentes, uso y destino de 1,870 toneladas de acero proveniente del NAICM, y compra adicional de acero estructural por 1,385 mdp, sin usar el anterior.
Banco del Bienestar, la construcción y adquisición de mobiliario, el costo de 49 oficinas se incrementó de 2 a 4 mdp, con observaciones por 118.3 mdp
Sector Agrícola, se detectaron daños al erario por 8,920 mdp
Empresas Productivas del Estado, se observaron daños por 1,674 mdp
Al fiscalizar la Cuenta Pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño al erario por un total de 63,010 mdp. Es cierto, las dependencias involucradas a partir de la fecha de entrega, tienen hasta 30 días inclusive para formular sus aclaraciones y excepciones y, en caso de no desvirtuar dichas observaciones, deberán aplicarse las responsabilidades administrativas por la corrupción manifiesta y lo que resulte. esperemos no convenzan e intimiden a David Colmenares, titular de la ASF, que manifestó: “ningún servidor público debe sentirse amenazado ante una correcta auditoría del uso de recursos públicos que manejan en el ejercicio de sus facultades”. Esperemos que no sea él, el intimidado y termine diciendo que todas las observaciones e irregularidades fueron debidamente solventadas, como sucedió con los costos y gastos en la terminación del NAICM de Texcoco.
Este tema no solo es importante sino trascendental para darle seguimiento en las matinales con marcación personal. Precisamente porque es dinero de los contribuyentes y no dejar de soslayar que, en el caso del Tren Maya, se realizaron obras, destrucción ecológica en de selva y mas de 20 mil árboles sacrificados en aras de un sueño macuspano. Estos números son apenas de la cuenta pública del 2020, y para entonces el aumento de costos ya era del 26.9% en esta obra insignia de la corrupción de la 4T.
El incremento presupuestal a lo estimado en las obras insignia del gobierno federal, rompe con el plan de austeridad de López Obrador y el despilfarro al final de las construcciones será enorme, y viene la sustentabilidad de éstas, que en tanto no lleguen a su punto de equilibrio, los contribuyentes seguirán pagando los gastos de operación y mantenimiento por varios años mas. … ¡Que necesidad!
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