En Reversa va la Democracia en México
y Viento en Popa la Criminalidad
IVÁN RUIZ FLORES
Avanzando en barbarie y retrocediendo en democracia. Esa podría ser la síntesis de este sexenio. Desafortunadamente no hay acción alguna que nos diga que la situación cambiará.
¿Por qué?
La razón es que, si bien integrantes del Ejército Mexicano se han distribuido en municipios de diversas entidades para combatir al crimen organizado, pareciera que las baterías están enfocadas solamente en el Cártel Jalisco Nueva Generación, como si no hubiera otras organizaciones, igual de violentas, o más que estuvieran actuando fuera de la ley.
Ahora preguntamos: ¿El CJNG está matando periodistas? Quizás, pero no sólo éste ha desarrollado este derramamiento de sangre entre el gremio, sino también otros, sean enemigos de estos criminales o no. Además de aquellos disfrazados que son enviados desde el poder, local o federal para perpetrar sus crímenes.
¿Y qué sucede con la justicia? Este sexenio va a pasar a la historia por la inacción de las autoridades. El hecho de que no cumplan con su deber se debe a que en la República Mexicana no se mueve un dedo sin la orden proveniente de Palacio Nacional y como por allá están más dedicados a la diatriba y al pleito de vecindad, la aplicación de la justicia sigue quedando en veremos.
LA CRUEL Y SOLAPADA
MATANZA DE PERIODISTAS
Uno de los eslabones más débiles en la no aplicación de la justicia es precisamente la cruel matanza de periodistas. Es cierto que no es ninguna novedad en México, pero se ha ido acentuando, sin que los responsables de aplicar la justicia actúen e investiguen quién está ordenando los asesinatos.
Hace once años, precisamente en 2011, el entonces relator de la ONU, Frank LaRue señaló que la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas “se concentran en entidades federativas que cuentan con una fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. En algunas de dichas entidades federativas existen actualmente comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de impunidad y violencia”.
¿Y esto ha cambiado? Para nada. Se ha agravado. Hoy casi la mitad de los estados de la República padecen ese problema de criminalidad, no obstante, la federalización del delito de asesinato contra periodistas. Se aprobó en la Cámara de Diputados y falta la respectiva discusión y eventual aprobación en la Cámara de Senadores y en los congresos locales.
Hace seis años, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos era respetable y respetada dio a conocer la Recomendación General número 24, sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México.
Señaló, por ejemplo:
“El incremento significativo en el número de agresiones a periodistas y medios de comunicación deja en evidencia el riesgo prevaleciente en que se encuentra el gremio periodístico en México. La falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un periodismo libre de cualquier tipo de intimidación, así como la deficiente actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las agresiones de las que es objeto este gremio, contribuyen a hacer de México un país en el que el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión se ve vulnerado”.
Pues sigue la mata dando.
También precisó la CNDH:
“Las agresiones a periodistas, además de constituir una afectación a la esfera jurídica del agraviado, representan una afrenta a la sociedad en su conjunto. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sólo tiende a la realización personal, sino a la consolidación de una sociedad democrática. Aunado a ello, es de reconocerse en el ejercicio de este derecho un instrumento esencial para el ejercicio de otros derechos y libertades fundamentales. En este sentido, la importancia de lograr la plena vigencia de la libertad de expresión trasciende al individuo que hace suyo este derecho e impacta a la sociedad en general.
Y para que lo lea el principal instigador:
“El derecho a la libre expresión, además de ser un derecho inalienable a todas las personas, es también un requisito indispensable para la realización de una sociedad democrática. La libre expresión guarda una estrecha relación con los derechos colectivos de recibir información y opiniones sobre los más diversos temas; por lo que garantizar la libertad, la pluralidad y la apertura que ello conlleva constituye una obligación impostergable del Estado mexicano.
En ese entonces, especificó:
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado enérgico a la federación y a las entidades federativas para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación. De esta manera, no sólo se estará garantizando al gremio periodístico el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, sino que también se estará contribuyendo a la consolidación de una sociedad democrática, participativa y tolerante. Es así como la presente Recomendación General pretende, más allá de señalar deficiencias, contribuir a generar una mayor conciencia respecto de la trascendencia que el goce pleno al derecho a la libertad de expresión conlleva para la sociedad mexicana.
Algo más que señaló fue:
“El ejercicio del derecho a la libertad de expresión debe ejercerse sin restricción y sin mayores límites que los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país ha suscrito. Al respecto, el marco legal en materia de derechos humanos reduce al mínimo las restricciones para expresar y recibir cualquier tipo de información, pensamientos, opiniones e ideas. En este entendido, el Estado debe garantizar ampliamente no sólo el derecho a difundir información u opiniones propias, sino también el derecho a conocer las ajenas.
Fue durante la presidencia de Luis Raúl González Pérez, que también se precisó:
“Se ha considerado que el concepto de periodista incluye a aquellas personas que recaban, generan, procesan, editan, comentan, opinan, difunden, publican o proveen información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o permanente, lo que incluye a los comunicadores, a los medios de comunicación y sus instalaciones, así como a sus trabajadores, en tanto que ejercen o contribuyen a ejercer la libertad de expresión, tal como lo indica el artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y los estándares internacionales en la materia”.
Remataba al exponer:
“Si bien estos pronunciamientos han buscado incidir en la política pública de los Estados y de la federación en materia de protección a la libertad de expresión, las cifras muestran que lejos de disminuir, los ataques a periodistas y a medios de comunicación se han acentuado en los últimos años, según se aprecia en la siguiente gráfica”.
Y siguen asesinando periodistas. Hoy, más que en algún otro sexenio, mientras desde el máximo poder de la nación los agreden
Lo que les otorga alas a los cuervos
