Por 10 votos a favor el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Además, determinó que la redacción del citado precepto es una violación al derecho de libre expresión.
Como se encuentra tipificado en el Código Penal, vulnera derechos a la libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad, es decir, con la exigencia de que el texto en el que se establece la norma sancionadora no describe con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
Asimismo, se declaró inconstitucional el tipo penal básico y, por tanto, todas sus agravantes.
En la discusión de las acciones 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovidas por diputados locales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se determinó que la Ley tiene un impacto desproporcionado sobre las personas.
Los ministros determinaron que la reforma aprobada en marzo de 2021 por la LXV Legislatura es violatoria al derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo con el ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, tal y como está vigentes el delito tiene un impacto desproporcional y se puede aplicar de forma arbitraria.
El ministro consideró como “irrelevante” las modificaciones al Código Penal de Veracruz que fueron aprobadas ayer domingo en sesión extraordinaria por el pleno del Congreso local, dado que se preservó el delito.
Lo anterior, dado que en las modificaciones realizadas por el Congreso local e dejó vigente lo dispuesto en el artículo 331 del Código Penal en el que se indica que: Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
“La persona podría levantar la voz, hacer movimientos rápidos o tener una actuación que podría considerarse como inadecuada por parte de las autoridades y con ello ser señalado por este delito, pese a no cometerlo”, se precisó durante la discusión.
Horas antes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García envió una carta a la Corte en la que solicita o se declare inconstitucional el artículo porque, pretende, defender a los servidores públicos en el cumplimiento de su deber. La misiva fue ignorada por los ministros.
