Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Los ojos y oídos del mundo están atentos al conflicto bélico que Rusia desató al invadir Ucrania. Nadie estará exento de los resultados. Habrá miles de muertos, porque ya van cientos y todavía no se dan los grandes enfrentamientos. Y se espera que Europa pague el mayor costo.
Y aunque en el resto del mundo los efectos bélicos no llegasen, los económicos no perdonarán a ninguna nación.
Como diría el presidente López al inicio de la pandemia, esta guerra le “cae como anillo al dedo”, una vez conocido el informe de la Cuenta Pública de 2020 -hay que imaginar lo que encontrará en la de 2021- de la auditoría Superior de la Federación que exhibe desvíos de recursos, documentación falsa, contratos incumplidos, asignaciones directas a empresas fantasma y un largo etcétera.
Conforme a la ley, las observaciones de la ASF pueden y deben ser solventadas en tiempo y forma.
Es, digámoslo así, el escape de la cárcel. Los servidores públicos responsables de los quebrantos, tienen la oportunidad de pegarlos mediante facturas reales, cuyos expendedores hayan cubierto los impuestos correspondientes, y con ello lavarse el rostro y de demostrar que en #este gobierno, no hay ladrones”, como lo gritó el presidente el pasado lunes.
La revista Proceso le concede el cintillo de su portada a la pérdida de 920 millones de pesos en las operaciones de compra de vacunas.
(Dirán que es una minuciosa cuando, presuntamente, se gastaron 35 mil millones de pesos en la adquisición de 213 millones de dosis). En Segalmex se detectaron presuntos desvíos por casi 9 mil millones de pesos.
Fruslería o no, lo cierto es que la Secretaría de la Función Pública en manos de Irma Eréndira Sandoval no hizo su trabajo y cuando lo realizó mostró las deficiencias o las componendas. Ahí está el caso del hijo del director de la CFE, quien vendió a sobreprecio ventiladores mecánicos para intubar a los enfermos de covid-19. Con todo en su contra, fue exonerado. Siguió el camino de su padre a quien no obstante las denuncias y las pruebas en contra, salió ileso de la acusación de ser un importante poseedor de propiedades inmobiliarias.
Suponer que la guerra que se trenza a casi 11 mil kilómetros de distancia se convertirá en la salvación de los malos manejos financieros, es un error.
Claro, si la Auditoría Superior de la Federación lo permite.
Si bien la ASF no es un órgano autónomo constitucional y tiene la etiqueta de órgano técnico de la Cámara de Diputados, en su función sí es autónoma a plenitud. Por ello, par el auditor principal, David Colmenares, la revisión de la Cuenta Pública del 2020 y los resultados obtenidos, es la prueba de fuego para demostrar que está al servicio del país, no de un gobierno.
Sin embargo, los enormes agujeros en la ley, conceden la posibilidad de que todo mundo se salve y que el organismo simplemente quede expuesto públicamente como uno más de los enemigos del régimen.
Con la 4t batiéndose con todo, como lo hacen los soldados ucranianos frente a los rusos, se pone en riesgo no la autonomía de la ASF sino la legalidad en el manejo de los fondos púbicos que, se debe entender, no son propiedad del gobierno en turo y menos del actual que, por supuesto supone, que todo es de su propiedad y puede hacer con el dinero lo que le venga en gana.
El reto de la ASF es cumplir con la ley… aunque después, por ser parte del complot de los conservadores, ser cambia. Ahora hay que aplicar la vigente.
¿Salvará la dignidad del organismo el señor Colmenares?
Poco vivirá el que no lo corrobore.
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