Con 27 votos a favor, once en contra y cero abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual impedirá que impugnen cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Comisión de Reforma Política-Electoral, presidida por la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena), aprobó el dictamen que fue propuesta por el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) y suscribieron los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT).
El partido Movimiento Ciudadano acusó al PRIMOR (PRI y Morena) quienes intentan violentar la división de poderes y vulnerar derechos fundamentales que vulnera la división de poderes y de contrapesos.
Apuestan por dejar fuera de todo control constitucional y democrático las decisiones intraparlamentarias, no solo buscan evitar impugnaciones y limitar las funciones del Tribunal Electoral en actos emanados del Congreso y su Comisión Permanente.
Jorge Álvarez Máynez dijo que esta iniciativa aprobada vía fast-track por el PRIMOR, pretende estar por encima y acotar derechos fundamentales, en este caso de derechos político electorales y, busca ampliar esta medida a cualquier decisión que tome el Congreso. Extralimitan las funciones del Poder Legislativo.
«Su propuesta de que el Legislativo no esté sometido a revisión constitucional es imposible. Imagínense que la Suprema Corte no puede decir nada de las leyes que se aprueban. Es admisible, viola el estado constitucional de derecho y el principio de división de poderes», señaló el coordinador Álvarez Máynez.
La diputada de Morena, Julieta Vences Valencia afirmó que el dictamen es de gran relevancia no sólo para la Cámara de Diputados, sino para la democracia mexicana y la división de poderes.
El diputado Santiago Torreblanca Engell consideró que con este dictamen se corre el riesgo de que existan violaciones a la tutela judicial efectiva, a garantizar el principio de legalidad, pluralidad, representatividad y proporcionalidad en los actos emitidos por el Congreso de la Unión.
