A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
Una gobernadora amenazada de muerte (la de Colima) y bombardeos en las calles, donde se riegan cuerpos de asesinados; cadáveres colgando de los puentes y masivos asesinatos en las ciudades y en el campo de Zacatecas; masacres en Sonora y cientos de muertos y heridos en Michoacán, son los saldos hasta ahora de las confrontaciones entre cárteles y de la tácita “guerra” en marcha en contra de las agrupaciones del crimen organizado.
Inevitable será la conflagración (tácitamente en marcha, con el punto de partida en Michoacán), aunque se le denomine de otra manera y se le disfrace con un carácter social.
Lo más severo está ocurriendo en las cinco entidades mencionadas y, aunque con menor intensidad, se llevan a cabo acciones delictivas severas en Quintana Roo (donde participan delincuentes de Canadá, Estados Unidos y otras naciones y, actualmente también policías); Jalisco, (de donde proviene buena parte de las organizaciones criminales, con un patrón: el Cartel Jalisco Nueva Generación); Guanajuato (que ha sido masacrado debido al impulso industrial y económico que ha desarrollado).
Y, por ejemplo, las crueles acciones efectuadas por los delincuentes son: los bombardeos de parte de “Los Mezcales” del CJNG y del Cartel Independiente, en Colima; “los colgados” y bombardeos, amenazas y realidades fundamentadas en hechos de “Los Durangos” del Cartel de Sinaloa, en Zacatecas y en fin…
Hace dos meses y medio el gobierno federal mediante la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la actuación del ejército en Zacatecas, denominándolo “Plan de Apoyo Para Zacatecas”.
El mismo contemplaba desarrollar la operación denominada “Zacatecas 2”, misma que consideraba que a partir del 25 de noviembre del año pasado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional distribuirán un total de 3,848 elementos, de los cuales 1,940 efectivos realizarían acciones en la región centro, 804 en el norte y 1,104 en el sur del estado.
Esa estrategia no concluía ahí, porque intervendrían los 8,241 efectivos de las Zonas Militares de San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, que aportarían 90 elementos de cada una de las Zonas para contar con un efectivo de 360 que resguardarán los límites del estado con el fin de contener el movimiento de grupos delictivos.
¿Y, qué sucedió? Que de todos modos continuó el derramamiento de sangre y las amenazas con “los colgados”.
En ese entonces se dijo que Zacatecas contaba con presencia de 6 organismos del Ejército Mexicano, los cuales desarrollaban 41 servicios con ayuda de 2 helicópteros de Fuerza Aérea Mexicana. A su vez la Guardia Nacional contaba con 4 instalaciones y efectuaba 50 servicios con el apoyo de un helicóptero.
Hace dos meses, el gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal, anunció que efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policía Estatal, serían destacados en los municipios de Valparaíso, Sombrerete, Fresnillo, Nochistlán, Guadalupe y en la comunidad de Tacoaleche, entre otros.
A su vez, el mandatario López Obrador el día 28 de diciembre de 2021, (Dia de los Inocentes, por lo que hay que tomar sus palabras en dos sentidos) aseguró que ya se trabajaba por parte del Ejército en nueve estados: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Sonora, Zacatecas y Quintana Roo.
Afirmó que el 13 de agosto había iniciado la estrategia especial para estos estados, ante el aumento de los homicidios. Específicamente mencionó a Cajeme (53% de incremento), en Sonora, hacia donde ya se enviaron fuerzas especiales.
Al final de cuentas, sobre el envío de tropas a diversos lugares de la República, lo que está sucediendo se debe a que en el Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, enviado por el presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019, se especifica que:
“…la principal amenaza que enfrenta la población es la crisis de inseguridad, provocada por el narcotráfico y el crimen organizado y el grave daño del tejido social, por lo cual, la sociedad demanda bienestar, situación que obliga al Estado Mexicano a fortalecer su participación en la prevención de delitos, siendo las Fuerzas Armadas un factor primordial para garantizar la seguridad, el orden interno y el bienestar social”.
La pregunta, aun sin clara respuesta, es:
¿Estamos en guerra contra los delincuentes en varios estados de la República?
La respuesta oficial no es satisfactoria, sino rebuscada.
