A La Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez (oaxaqueña por nacimiento, ex activista y ex dirigente estudiantil) ha estado en el ojo del huracán, tras el enfrentamiento entre los “vividores” de Ayotzinapa y la Guardia Nacional que al fin había sido enviada, después de más de un año de “tomas” constantes de las casetas en la carretera México-Acapulco, por supuestos estudiantes para exaccionar a los ciudadanos y transportistas.
Ella, que fue en dos ocasiones diputada, por el PRD, Y se convirtió en chapulín en marzo de 2021 para anidar en Morena, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y como diputada confesó haber entregado 20,000 pesos a equis persona. Ante la batahola consecuente, después señaló que eso no era soborno.
Pero ella, como dio el “chaquetazo”, hoy sólo responde a la frase de López Obrador acerca de sus funcionarios emanados de Morena: tienen 100% de lealtad, más otro porcentaje, 90% de honestidad y 10% de experiencia. ¿Y conocimientos? Esos no importan.
Otra vez, esa lamentable funcionaria está en el ojo del huracán. Ahora por el caso de violencia entre los estudiantes del plantel Isidro Burgos contra la Guardia Nacional, en la caseta de Palo Blanco, municipio de Acapulco, que dejó como saldo 14 heridos.
Esta mujer dice “la calor” y aseguró: “No sé, a quién van a castigar, porque el carro (tráiler) va circulando solo. ¿A quién se castiga? ¿Quién fue él que lo hizo?, debemos ser objetivos para no generar movimientos y movimientos que al rato tengamos el caos, hay que llamarlos al dialogo”.
Ya qué.
El asunto es que, tras el enfrentamiento, la Guardia Nacional informó que al menos 14 de sus elementos resultaron heridos tras el enfrentamiento con normalistas en la caseta de Palo Blanco, en Autopista del Sol.
Sobresalió que los integrantes de la mencionada corporación intentaron llevar a cabo un diálogo con los manifestantes. Ante la negativa de parte de los agresores, los elementos de vigilancia realizaron una acción de repliegue.
La que podría ser la crónica de una tragedia anunciada, se ha debido a la ausencia de autoridad en esa materia, ya que, por ejemplo, ese tipo de acciones ha sido denunciado constantemente, sin que pasara nada. Por ejemplo, en 2020 en el Senado de la República se dijo que en 2019 Capufe y Fonadin dejaron de cobrar tres mil millones de pesos, debido a las prácticas ilegales de esos y de otros grupos.
Quien lo señaló es una senadora de Morena, Lucia Virginia Meza Guzmán, quien presentó un punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a implementar acciones preventivas que evitaran la toma de casetas de las diversas carreteras país.
También solicitó a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) realizar operativos para prevenir la toma de casetas, coadyuvar en la prevención del delito, así como proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos.
Esta infraestructura, expuso, resulta estratégica para el progreso constante de distintos sectores. Otorgó ejemplos, al explicar que en la caseta de la México-Cuernavaca ubicada en Tlalpan, se pueden recaudar hasta 200 mil pesos en tan solo tres horas, porque los usuarios son obligados a pagar una cuota de manera arbitraria, de parte de gente ajena.
Advirtió que dicha actividad ilegal se había incrementado, “al grado de que distintas agrupaciones se organizan para ejecutarlas, con el objetivo de financiar sus movimientos o protestas”.
Además, recordó que la toma de casetas es un delito federal y se castiga con cárcel.
Desde luego las pérdidas han sido mucho más cuantiosas con el paso de los meses y los años. De tal manera que a principios de enero Capufe anunció que más de 1.200 elementos de seguridad privada y 35 vehículos estarían presentes en 215 puntos de su red. Y que reforzarían la vigilancia de los mismos durante las 24 horas del día.
Al anunciar la decisión, explicó que Caminos y Puentes Federales habría contratado servicios de seguridad privada, aunque en el caso de Palo Blanco fue la Guardia Nacional.
Se asegura que en 2020, por ejemplo, se registraron 7,000 tomas de casetas de cobro en todo el país y que en 2021 se duplicaría este hecho.
