Lucha Gastada
Por Jess Michel Narváez
Confundir la gimnasia con la magnesia y atribuir la violencia a “la calor y el hambre” y considerar que los estudiantes de la normal Isidro Burgos no son unos delincuentes y sus movimientos responden a un dolor de una lucha que han llevado por el esclarecimiento de los 43 desaparecidos, pinta de cuerpo entero a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
Lo de “la calor y el hambre” solamente exhibe que el lenguaje y el análisis no son su fuerte. Eso le pasa hasta a la secretaria de Educación, quien, como geógrafa, no pasa el examen.
Lo peligros en la presidenta municipal de la otrora Perla del Pacífico, justifica el robo, impedir el libre tránsito, la agresión a miembros de la Guardia Civil 14 de ellos lesionados y de paso darle el raspón innecesario a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación y a quien el presiente López le regaló la papa más caliente que hubiera imaginado.
Nadie desconoce la tragedia ocurrida. Nadie quiere que se olvide. Nadie busca minimizar el hecho que se conoció alrededor del mudo.
Sin embargo, la exigencia de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” es imposible de cumplir y lo saben y bien los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos.
Se entiende que los padres y madres hayan abrigado nuevas esperanzas por el compromiso presidencial. Tienen derecho a estar informes. La razón les asiste desde la óptica de haber perdido a sus hijos.
Ello, empero, no les otorga patente de corzo a quienes ni siquiera son familiares y en muchos de los casos tampoco conocieron a los desaparecidos.
Los que acuden a la caseta de Palo Blanco, la cierran, corren a los cajeros, bloquean los carriles de pago automático y exigen la cuota para “la causa”, son vándalos y, sin echar leña a la lumbre, delincuentes no es potencia sino en acción.
El tema de los jóvenes es un proceso que traen en el sentido de un dolor, por la búsqueda de los 43 desaparecidos un tema en el que todos debemos de estar solidarizados en que al final del día la verdad se sepa, porque es lo que hace que se genere los movimientos, dice la alcaldesa.
Los padres y madres, representados por Vidulfo Rosales, reclamaron al gobierno federal por la desaparición. El asunto fue atraído por la gravedad del caso, pero era, sin duda, del fuero común.
Con Jesús Murillo Karam de procurador y Tomás Zerón de Lucio al frente de la Agencia de Investigación Criminal, además de la presencia de los expertos del GEI, se hicieron las indagatorias necesarias, quizá no suficientes, que determinaron las “verdad histórica”, la oficial nunca aceptada por los expertos independientes, y con la nueva administración las cosas siguen igual porque no han encontrado nuevas evidencias que conduzcan a más detenidos por su presunta responsabilidad.
Sería saludable para la “causa” conocer los nombres de los vándalos y discernir si son estudiantes o simplemente se cuelgan del caso para su personal beneficio-. Y no estaría por demás saber si los padres y las madres de los 43 reciben alguna parte de lo que roban en las casetas los presuntos estudiantes.
El tema es que la reparación del daño es inviable y lo que viene será solamente una ratificación de lo que todos sabemos: fue el crimen organizado y no el Estado el que provocó la tragedia.
La lucha es válida, pero ¿hasta dónde se vuelve sin razón?
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