*Andrés Manuel no Puede Obligar a Panamá Aceptar a Salmerón
*Fuentes Consultadas Finalmente Involucran a Enrique Peña Nieto
Por Gerardo Lavalle
A.- Un anuncio que hace recordar al hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari.
Grave, por supuesto, que la Secretaría de la Función Pública haya ordenado realizar una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa de los recursos públicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, detectando posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Grave porque al frente del organismo se encuentra el exsecretario de la Presidencia del mandato de Luis Echeverría.
Ignacio Ovalle no ha dicho esta boca es mía.
Y el que sale solamente a dar “buenas noticias”, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, como cabeza de sector, tomó la decisión de separar de su cargo a varios servidores públicos, así como solicitar la intervención jurídica y administrativa en estas instancias.
Un comunicado de la Presidencia de la República informa que la acción del secretario es “para garantizar la legalidad y transparencia de los procedimientos jurídicos, tomó la decisión de separar de su cargo a varios servidores públicos, así como solicitar la intervención jurídica y administrativa en estas instancias”.
Seguramente hay mucho de fondo en el manejo de las finanzas de la entidad que tiene como primigenia responsabilidad llevar alimentos y productos a las tiendas de la extinta Conasupo.
Lo que sorprende es que la SFP haya “detectado posibles irregularidades” cometidas desde 2019. ¿Dónde andaba Irma Eréndira Sandoval titular de la dependencia hasta mediados del año pasado?
Huele mal la fiscalización.
B.- Es probable que el presidente López no valore lo que significa nombrar a un embajador.
De entrada, quien tenga el cargo representa a México, como nación, y al Jefe del Ejecutivo de manera personal.
Insistir en que otros países, aquellos en los que se ha solicitado el beneplácito para recibir a los embajadores, acepten lo que aquí se decida, no habla bien de quien los designa.
El escándalo que se ha generado por el rechazado del gobierno de Panamá al nombramiento de Pedro Salmerón ha sido de proporciones inimaginables. Sin embargo, el señor López sostiene que no reconsiderará su decisión porque “nosotros consideramos que es una persona capaz”.
En los pasillos de la SRE y de Palacio Nacional se escuchan voces que hablan quedito y señalan que es un error del presidente hacer caso omiso de lo que una nación, libre y soberana, decide en relación con los embajadores que acredita cualquier país.
“Es el derecho de una Nación conceder o no el beneplácito para que un diplomático -o no- sea aceptado en su territorio con cargo de embajador plenipotenciario de otro país”, afirman miembros del Servicio Exterior Mexicano.
Para el huésped temporal de Palacio Nacional, el caso de Salmerón es un “linchamiento mediático” y solamente, sí, solamente, si hay denuncias y pruebas que acrediten las acusaciones la autoridad debe actuar, “¿cómo lo vamos a defender?
Será el sereno, pero no puede obligar al gobierno de Panamá, encabezado por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, quien se declara un cristiano devoto y lector profuso de la Biblia a aceptar a una persona que no es bien vista.
Las relaciones con Panamá no están en su mejor momento y la diferencia de pensamiento y acción entre su presidente y el mexicano, podría tensarlas más aún. Admitir un desacierto ¿le quitará lentejuelas al presidente frente a quien le recomendó a Salmerón? Es pregunta sin jiribilla política.
C.- “Fuentes consultadas” revelaron que “durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se compró gas en cantidades exorbitantes para alimentar 17 termoeléctricas que no existen, confirmaron fuentes involucradas en la reunión que sostuvo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con miembros del gobierno de México”.
Esas mismas “fuentes” apunta que “la funcionaria se manifestó impresionada por la lucha contra la corrupción que realiza el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.
El sospechosismo aparece otra vez. En el comunicado emitido por la señora Granholm, no hay nada que haga referencia a esta supuesta charla o expresión.
Como periodistas, sabemos cuáles son las “fuentes consultadas” y que no son otras que proporcionan informaciones provenientes del gobierno de la República.
Se oculta a los actores y se difunden versiones que no son comprobables.
Las fuentes también informaron que Granholm expresó durante la reunión dos preocupaciones principales del gobierno estadunidense, y las señaló, aunque fue muy cuidadosa al hacerlo. Primero, la reducción de la participación privada de 62 a 36 por ciento en la generación de la energía, lo que llevaría al cierre de algunas empresas que podrían ser compradas por la CFE en una transición de tres años. La adquisición y el periodo de pago no fueron resueltos en la discusión.
La secretaria Nahle había dicho al salir de la reunión en Palacio Nacional que no se abordó el tema.
Seguramente las fuentes consultadas leyeron la declaración de la funcionaria estadounidense y se vieron obligadas a reconocer que sí se trató el tema de la reforma eléctrica.
Una más… y nos vamos de este país.
