Los Grupos Parlamentarios que conforman la alianza legislativa “Va por México”, solicitaron a la Cámara de Diputados, se realice el trámite correspondiente para que, se promueva una demanda de Controversia Constitucional contra el llamado Decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior, en respuesta al acuerdo del Gobierno Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de noviembre del año pasado, por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional.
En ese sentido, las bancadas coordinadas por Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira VALDEZ (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD), consideraron que ese acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el gobierno federal.
«Las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales, apuntan en el documento, además de que exceptúa por decreto el cumplir los requisitos establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, por simple enunciación presidencial, como prioritarios y de seguridad nacional», señalaron.
Advirtieron que el acuerdo vulnera el marco normativo que establece que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgaran si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia, por lo que no habrá evaluaciones de impacto ambiental ni de impacto social de los proyectos y con las autorizaciones provisionales, se crea una figura no prevista en la ley.
“Al catalogarse como de interés público y de seguridad nacional esos proyectos podrán ser clasificados y la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, y en consecuencia se alentará la opacidad”, señalan las fracciones parlamentarias de la coalición PAN-PRI-PRD, para luego subrayar que “no es legal ni constitucional que el Ejecutivo Federal cree excepciones mediante acuerdos unilaterales y sin fundamento legal”.
Los integrantes de la alianza Va por México afirmaron que, en la solicitud entregada a la Jucopo, el plazo de presentación de la demanda vence el próximo 19 de enero de 2022.
