La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo de un Juez de Distrito órdenes de aprehensión en contra de siete personas, por su participación en el caso denominado “Rápido y Furioso”, entre los que destacan se encuentra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y los ex funcionarios Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
La dependencia señala en un comunicado que la conducta criminal, tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2 mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios, lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible.
Las investigaciones en México establecieron que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.
“De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”, informó el comunicado de la fiscalía.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), encontró como presuntos responsables a el narcotraficante, Joaquín “El Chapo”, Guzmán, líder de una organización delictiva que opera en el Pacífico y actualmente procesado en los Estados Unidos por diversos delitos contra la salud y lavado de dinero.
Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro «G”, ex Secretario de Seguridad Pública Federal; así como de Luis «C”, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México.
En cuanto al exfuncionario García Luna, existen ya dos órdenes más de aprehensión dictadas por jueces mexicanos que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo, señala la Fiscalía.
En tanto, las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los EU, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos y enfrentamientos en México, que dejó cientos de muertos, desde al año de 2009 hasta fechas recientes, no involucra a sus agentes.
“Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país”, señala la FGR.
