La crisis de derechos humanos en la que México se encuentra inmerso desde hace más de una década no se ha podido revertir en 2021, al igual que en los últimos años, debido a la persistente impunidad y violencia, señalaron organizaciones civiles a Efe.
“Los indicadores públicos disponibles así lo confirman, vamos a concluir el 2021 con más de 35 mil homicidios en el año lo que indica que la violencia no ha cedido y que se mantienen unos niveles muy altos”, explicó en entrevista el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.
Además, dijo que otros indicadores como el número de personas desaparecidas “siguen en niveles extraordinariamente altos”.
Para Aguirre, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “no puede hablar de que las desapariciones, y la violencia, sean solo una herencia del pasado; por el contrario son una herida del presente, son más de 20 mil desaparecidos en lo que va de esta administración”, que comenzó el 1 de diciembre de 2018.
Un informe presentado a inicios de octubre por el centro de análisis México Evalúa indicó que 94.8 por ciento de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”.
El informe detalló que las fiscalías y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones.
“A nivel nacional, existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, en promedio”, señaló la organización.
Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), México acumula desde 1964 más de 95 mil personas desaparecidas y no localizadas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra militar contra el narcotráfico iniciada en 2006.
Aguirre consideró que en la crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos han influido dos factores: no se han hecho en la justicia los cambios que se requerían, “el tránsito de procuradurías a fiscalías ha sido decepcionante”, y no se ha invertido en el ámbito de la procuración de justicia, sobre todo “en los ministerios públicos y fiscalías que es donde verdaderamente está el nudo de impunidad en México”.
Agregó que “no termina de entenderse la gravedad de la situación que impera en esas instituciones. Otro factor que contribuye a que esta crisis no sea revertida es la apuesta por un modelo de seguridad de carácter muy centralista y fuertemente militarizado”.
Señaló que la apuesta de la actual administración “de que sean las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo de la seguridad pública, incluso mediante el control de la Guardia Nacional, “no está dando los resultados esperados”.
Además de que es un riesgo para los derechos humanos porque “el fortalecimiento del protagonismo castrense está ocurriendo sin que existan contrapesos adecuados”.
Indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra “sumamente debilitada” en un contexto en el que ha ido “perdiendo autonomía y asumido una perspectiva poco compatible con el monitoreo estricto de los derechos humanos”.
A pesar de ello, Aguirre destacó acciones positivas como el reconocimiento que ha hecho el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “de que hay una crisis de derechos humanos. en el país” y algunas acciones de la Comisión Nacional de Búsqueda.
También destacó el énfasis que ha puesto la actual administración en el tema de la desigualdad un tema relevante para la agenda DD.HH. y medidas como la reforma laboral y el aumento al salario tienen que saludarse, pero lamentablemente, dijo, “esas acciones positivas no son suficientes”.