El ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, impugnó nuevamente, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el decreto del gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por el cual asumió directamente el control de la policía municipal, bajo el argumento de que había “alteraciones graves al orden público”.
El juicio constitucional fue presentado por Alejandro Villafañez Zamudio, síndico segundo de Matamoros, denunciando que el gobernador viola con su decreto el principio de municipio libre garantizado en el artículo 115 de la Constitución.
Advierte además que dicho decreto fue promulgado el 21 de septiembre de 2020, cuando se suscitaron en ese estado fronterizo múltiples enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas federales, pero que su vigencia se ha prolongado sin justificación.
“Derivado de dicha reforma continúa (de manera permanente) con la asunción del mando policial municipal con una vigencia de un año calendario a partir del 22 de septiembre del presente año hasta el 22 de septiembre de 2022, lo anterior sin que exista o haya existido en el presente año alteraciones graves al orden público y fuerza mayor”, señala el ayuntamiento de Matamoros.
El ministro Luis María Aguilar Morales admitió a trámite la controversia constitucional, aunque negó suspender sus efectos, por lo que el decreto impugnado seguirá vigente hasta en tanto la SCJN determine si es o no constitucional.
A principios de este año, la SCJN desechó una controversia similar de Matamoros, aunque en esa ocasión no se analizó la falta de justificación para ampliar la intervención del gobierno municipal en la policía municipal.