Unos 650 trabajadores contratados hace seis meses por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) están en riesgo de perder sus derechos laborales, pues el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que les prometió contratos como servidores públicos, ahora planea emplearlos bajo el régimen de honorarios en “Servicios Profesionales”.
La medida, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, ha provocado diversas manifestaciones y cierres de las oficinas de atención a usuarios por parte de los trabajadores que se dicen engañados por la mandataria, quien tras haber concluido –en mayo pasado- los contratos con cuatro empresas concesionarias que se hacían cargo de la lectura y facturación del consumo de agua en la capital, les prometió no dejarlos sin empleo.
Su primera propuesta a los trabajadores fue que formaran cooperativas y para eso el aporte gubernamental sería de 50 mil pesos. El plan era que las y los trabajadores constituyeran cooperativas a través del Programa FOCOFESS 2021, y que brindaran sus servicios como empleados especializados, una figura que cuadra con la reciente regularización del outsoursing aprobada por el gobierno de la 4T. De esta forma, la administración se ahorraría el pago de prestaciones como aguinaldo y seguro social.
Sin embargo, las y los trabajadores se opusieron a esta opción y demandaron ser contratados directamente, lo que sucedió bajo el régimen de Nómina 8 “Empleo Seguro”, pero sólo durante seis meses, tras los cuales, ahora los están obligando a inscribirse ante el SAT como prestadores de Servicios Profesionales, régimen para personas físicas que obtienen sus ingresos de manera independiente por prestar sus servicios.
“Yo trabajo como lecturista y como muchos de mis compañeros mi labor es en campo, ¿Qué pasará si tenemos un accidente?, en la calle corremos muchos peligros; no podemos perder nuestros derechos así porque sí; además hay compañeros que pronto se jubilarán y por honorarios no lo podrán hacer, realmente nos engañaron”, afirmó a El Sol de México uno de los empleado contratados en junio pasado por Sacmex, quien pidió el anonimato por temor a ser despedido.
Según dijo, más de 100 trabajadores ya han sido separados de sus puestos.
Para evitar que la situación se convierta en un conflicto laboral, autoridades del Sacmex han mantenido reuniones con los empleados, a quienes les han ofrecido incorporarlos al IMSS de manera personalizada, ya no en el ISSSTE como corresponde a los empleados gubernamentales. La Secretaría de Finanzas prevé la contratación de un “seguro general” en el que serían incluidos como derechohabientes.
Entre las propuestas que les han presentado, dijo el trabajador, está que les respetarán su antigüedad y les sustituirán el aguinaldo por “un Pago Único”, que no necesariamente deberán recibirlo antes del 20 de diciembre.
