Por Jesús Michel Narváez
Desde el inicio de este gobierno, los periodistas hemos sido uno de los platillos que con mayor gusto disfruta el huésped temporal de Palacio Nacional.
Sus acusaciones por informaciones “falsas” en bajo a sus “otros datos”, ha elevado el riesgo de la profesión, sobre todo en el interior del país, en donde se cometen asesinatos constantemente y las fiscalías estatales siempre salen con su domingo siete: estaba conectado con el crimen organizado… era amigo de los narcotraficantes… participaba con la banda de secuestradores…el crimen tiene relación con su trabajo…
Y así, hasta que se les agotan las disculpas.
Lo cierto es que las expresiones presidenciales en contra de los periodistas y de los medios “tradicionales” han traído como consecuencia que durante los últimos 23 meses hayan sido asesinados 15 representantes de medios impresos, de radio, televisión, portales y publicaciones digitales.
Una compilación de Reporteros Sin Fronteras reveló que en 2020 México encabezó la lista mundial de trabajadores del gremio asesinados, pues registró ocho crímenes. En la lista le siguen Afganistán e Irak con seis asesinatos cada uno. Mientras que en lo que va de 2021 al menos siete periodistas mexicanos han muerto al ejercer su labor.
«De acuerdo con datos disponibles por esta Comisión Nacional, la mayor parte de los asesinatos contra periodistas son cometidos precisamente por el ejercicio de su profesión, e involucran al crimen organizado y a autoridades locales», señaló la CNDH.
Extraña participación de la CNDH, que en un comunicado dio a conocer un “posicionamiento”, no recomendación, en el que en tres párrafos detalla:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado a autoridades y sociedad a reflexionar y accionar sobre el grave problema de la violencia que afecta en particular a las y los profesionales de la comunicación. Por tratarse de un problema que involucra múltiples factores, toca a las instituciones que conforman el Estado mexicano, defender y garantizar el derecho a la libertad de expresión, y una de esas formas es mediante el aseguramiento de un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo.
La protección y defensa de las y los periodistas son básicas en toda democracia, por lo que autoridades de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo las Fiscalías, deben comprometerse en la investigación y sanción de los delitos contra periodistas, la forma más contundente de poner fin a la impunidad.
En el “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, la CNDH recuerda que estos delitos, tanto en México como en el resto del mundo, no deben ser entendidos solo como atentados en contra de individuos sino contra la sociedad en general, pues al atentar contra la integridad física y la vida de un periodista, se atenta contra nuestro derecho colectivo a la información y se crean las llamadas zonas de silencio que, según información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se desarrollan a partir de acciones de intimidación como el acoso, secuestros, tortura, encarcelamientos arbitrarios, ataques violentos y asesinatos, que crean un clima de miedo en los profesionales de la comunicación, que los incita a la autocensura, impidiendo la libre circulación de la información, opiniones e ideas.
Como cantaría la famosa intérprete italiana Mina: Parole, Parole, Parole.
Porque no hay nada para para proteger a los periodistas. Y si bien la CNDH señala que los asesinatos ya «es un problema de Estado», todo queda escrito en la computadora y no se advierte ninguna medida.
Si bien el presidente no aprieta el gatillo sí colca la Diana para que los seguidores, los fieles, los fanáticos, lo hagan.
¡Basta ya de matar a los mensajeros!
Solamente la unidad gremial podrá edificar el muro de protección, porque del gobierno no hay que esperar otra cosa que no sea la colocación de la Diana.
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