Por Ezequiel Gaytán
Existen, al menos, tres acepciones de guerra civil, si por ese concepto entendemos, en lo general, que se trata de una lucha a muerte entre bandos contrarios nacidos en el mismo Estado. La primera alude a una guerra entre grupos organizados bajo el manto de una ideología o modelo económico de un mismo país, ya que el objetivo es tomar el poder y gobernar bajo esa ideología; la guerra civil de 1936 en España es un caso emblemático. La segunda acepción es cuando uno de los bandos contendientes de una misma nación lo que buscan es separarse y hacer un nuevo país; la guerra de secesión de los Estado Unidos es un ejemplo. La tercera acepción se refiere a una guerra fratricida entre compatriotas y en la cual uno de los bandos lo que desea es influir y orientar las decisiones del gobierno a su favor, pero sin tomar el poder; el caso de los cárteles de la droga en México es un ejemplo.
Me voy a centrar en el tercer significado, pues mi tesis es que en México vivimos esa modalidad de guerra civil. El bando del crimen organizado no desea el poder político y mucho menos gobernar. Aspira a que el gobierno le solape sus acciones, no los persiga y los proteja de la “amenaza norteamericana”. Ese grupo lo integran fragmentadamente múltiples cárteles del crimen organizado, aunque coinciden en sus formas de operar: imponer o controlar a presidentes municipales, gobernadores y comprar, amenazar o corromper, incluso a servidores públicos del orden federal. No les interesa el poder político del Estado cuyos fines son proteger y defender a la sociedad y, mucho menos, atender los objetivos de mitigar la escasez y el conflicto social. Quieren disfrutar el poder del dinero, esclavizar mujeres y vivir holgadamente en territorios determinados sin pagar impuestos. Torturan y matan a quien se les oponga, ya sea de otro cártel o a la autoridad formal. Sus formas de operación carecen de escrúpulos, pasan por encima de la ley, sobornan a policías y jueces, extorsionan a la sociedad y a los pequeños y medianos comerciantes y no tiene misericordia por los transeúntes.
Incluso, en el último mes, han recurrido a poner bombas en comercios, con lo cual ya desencadenaron el terrorismo. Sus luchas son a muerte por el control de las plazas y sus luchas ya superaron los 100 mil muertos en lo que va del sexenio. Aún más, tienen una muy alta capacidad de fuego debido a que su armamento es de tecnología de punta, están organizados jerárquicamente y tienen contratados especialistas en inteligencia y en finanzas.
El otro bando es el del gobierno, integrado por dos grandes bloques. El cuerpo burocrático que toma decisiones y el de las corporaciones policiacas, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas. Sendas partes actúan bajo el mismo mando y de acuerdo con el principio de la legalidad y el uso legítimo de la violencia, por lo que el gobierno debe actuar conforme a Derecho. Es decir, imponer el Estado de Derecho, velar por los Derechos Humanos, no tolerar el terrorismo y, sobre todo, no dejarse influir y ni orientar sus decisiones a favor de un grupo delincuencial.
El crimen organizado tiene una idea rupestre del Estado, para los cárteles se trata de realizar funciones asistenciales y por eso es común leer en los medios que regalan a la población paquetes cuyo contenido son productos de la canasta básica. En ocasiones pintan una escuela y pagan la fiesta del santo patrón del pueblo. No saben de Administración pública, ni lo que implica proporcionar servicios públicos, la gestión de recursos y trabajar en favor del desarrollo y la igualdad de oportunidades mediante empleos dignos y con prestaciones de ley.
Esas organizaciones sólo desean que el Estado les deje de perseguir y así puedan gozar del dinero producto de lo ilegal. No les importa el color del partido y quien gobierne. Ya se saben poderosas y están dispuestas a desplegar las batallas necesarias con tal de imponer su idea de Estado y de bienestar. Aún más, saben que el terrorismo persigue dos objetivos. Por un lado, imponer el terror en la población a fin de someterla y sojuzgarla y, por el otro lado, con el propósito de que el Estado no los persiga, ni imponga la ley.
La tercera acepción de guerra civil es la que ya vivimos en México. El crimen organizado no fracturará la integridad territorial, tampoco obtendrá el poder mediante procesos electorales, aunque lo logre en algunos municipios o entidades. Lo que sí hace y continuará haciendo, es cooptar, comprar o corromper a algunos gobiernos municipales y estatales, pero si logra influir en la orientación de las políticas de seguridad pública del gobierno federal. Entonces habrá triunfado en la guerra civil que hoy vivimos en México.
