La 61 Legislatura mexiquense cumplió con la instalación de la Comisión Especial de Amnistía que deberá retomar las 930 solicitudes de internos que cometieron delitos de alto impacto, donde se presume un avance de análisis en el 40 por ciento.
Debieron pasar un mes y tres semanas, para que esta comisión volviera a tender vida al seno del Congreso Local que tendrá dos meses de trabajos, debido que la Ley de Amnistía se estableció que aplicará durante este año únicamente.
El ahora nuevo presidente, Sergio García Sosa, reconoció que deberán retomar las actividades reconociendo las limitantes que tendrán.
Adelantó que será la próxima semana que recibirán el trabajo que dejó la 60 Legislatura Local.
“Lo que podamos avanzar, porque lo tenemos que hacer de manera seria, yo ahorita les podría bueno si lo vamos a hacer pero yo creo que tenemos que ver nuestras limitantes en ese sentido”, declaró.
A pregunta expresa, García Sosa afirmó que el avance en el análisis de los casos es del 40 por ciento, para que puedan ser turnados al Poder Judicial. Detalló que la mayoría de las solicitudes de delitos de alto impacto son de homicidio doloso y secuestro.
Subrayó que se hará un trabajo serio y responsable, donde a los familiares de presos y organizaciones civiles, les prometió que serán escuchados y atendidos.
“Más o menos llevamos un 40 por ciento de avance (de revisión) y lo demás vamos a tener que seguir analizando”, recalcó.
El coordinador del PT reconoció el trabajo en la materia de organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhem) que, adelantó, les enviará en breve más de 700 casos para ser turnados al Poder Judicial.
En la instalación de la Comisión Especial de Amnistía estuvieron presentes la titular de la Codhem, Myrna García Morón y el Fiscal General de Justicia mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
Con corte al 3 de septiembre la Comisión Especial de Amnistía recibió un total de 930 casos.
En la 60 Legislatura Local no se pronunció por la libertad de ningún preso por delitos de alto impacto de quienes se presumen son falsos culpables al ser violado sus derechos humanos o llevar un indebido proceso.
En marzo este organismo fue instalado y hasta julio se emitieron los criterios, como el portal para atender solicitudes, y tuvo dos titulares y ahora se suma un tercero.
