«Si hemos de usar la memoria que sea por la justicia y la no repetición, un reto para la reciente Comisión de la Verdad en México. Si a Luis Echeverría le desaparecieran un hijo, yo le ayudaría a buscarlo porque él solo no podría», Rosario Ibarra de Piedra, 2014.
El pasado 6 de octubre se publicó en el Diario Oficial la creación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990” para esclarecer los crímenes cometidos durante la llamada Guerra Sucia.
Sin embargo, debemos admitir que para la mayoría de la sociedad mexicana el concepto de memoria no es claro; mucho menos el de memoria colectiva, por tanto, sería engañoso asumir que las diversas formas en que se construye ese pasado -a través de memoriales, intervención y re-significación de espacios públicos, monumentos, etc.- inciden por sí mismos en la conciencia social y logran una identificación genuina con las causas que representan.
Lo anterior no es poca cosa, si no hay permanencia de la memoria colectiva los más profundos movimientos sociales pierden significado. En este contexto se ha creado la mencionada comisión.
Con esta ella se busca: a) facilitar acceso a información que permita llegar a la “verdad”; b) acceso a la justicia para víctimas y sus familias; c) búsqueda de desaparecidos (incluso en instalaciones militares); d) reparación de daños individual y colectiva y e) garantizar memoria sobre estos sucesos.
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La memoria colectiva debe evitar y no solo recordar
Cuando se creó la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (2002-2006) se intentó alcanzar objetivos similares, pero la opacidad política, los costos económicos y los casi irrelevantes resultados judiciales, impidieron que la mayoría de los mexicanos se sintiera comprometida para exigir que se rectificara ese proceso de memoria ya iniciado.
Por este antecedente la nueva Comisión de la Verdad surge cuestionada razonablemente por algunos especialistas, aparte de sus sesgos personales. De cualquier forma, es visible la voluntad gubernamental que apuesta por un replanteamiento de objetivos y anuncia su disposición total para acceder a la verdad, la justicia y recuperación de la memoria sobre los crímenes del periodo en cuestión.
Sin embargo, para evitar la ingenuidad es mejor tener en cuenta que éste, es un ejercicio oficial de memoria colectiva que, como cualquier proceso parecido (incluso los ajenos al Estado), busca que “una visión e interpretación del pasado prevalezca sobre el resto”.
Aun así, es inevitable preguntarse: ¿Cómo podrán indagarse en sólo dos años más de tres décadas de crímenes? ¿Sería viable crear comisiones regionales y para sucesos específicos, dadas las diferentes realidades del país? o, si la Comisión no es independiente de motivaciones políticas, ¿Cómo podrá garantizarse que los hallazgos serán lo más cercano a la verdad?
No existen garantías absolutas que eviten crímenes similares en el futuro porque de hecho se han cometido otros, en mayor número, durante las últimas tres décadas. Por ejemplo, según datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde 1964 y hasta octubre 2021, hay registro de más de 93 mil personas aún desaparecidas o no localizadas, ¡97 por ciento de ellas desde 2006!
Por esto, es crucial cuidar que la memoria no se agote sólo en el uso de simbolismos. El reto es que este proceso repercuta real y permanentemente en la conciencia social y en acciones concretas para que las víctimas reciban justicia y NUNCA MÁS ocurran atrocidades así.
