Un juez federal vinculó a proceso a dos peritos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por su probable responsabilidad en el delito de obstaculizar una investigación, es decir, por manipular evidencias en el caso Ayotzinapa.
Se trata de Mauricio «C» y Patricia «G», quienes en 2014 eran miembros de la Coordinación General de Servicios Periciales de la dependencia que encabezaba el procurador Jesús Murillo Karam, en cuya “verdad histórica” se concluyó que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron incinerados en un basurero de Cocula.
De acuerdo con la actual investigación realizada por la Unidad Especial de Investigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos peritos probablemente realizaron actividades en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014, “lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos”.
La vinculación ocurre tan solo 20 días después de que Omar Trejo, titular de la Unidad, informó que iniciarían una investigación contra los peritos que manipularon la evidencia, declaración que dio desde la Barranca de la Carnicería, en la que además informó que existen muchas irregularidades cometidas por la PGR.
“Nosotros, a lo que estamos llegando de las investigaciones dentro de la Fiscalía, es que un conglomerado de funcionarios públicos actuó de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban y que en función de eso desviaron toda una investigación”, dijo.
Cabe destacar que el 28 de octubre, en el río de San Juan, Tomás Zerón, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal en México y que hoy esta prófugo en Israel, realizó un peritaje que fue declarado como ilegal debido a que estuvo presente “El Chereje”, uno de los implicados en el caso que acudió al lugar sin si abogado, lugar en el que ambos peritos también cometieron la presunta manipulación de evidencias.
Por lo anterior, Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, vinculó a proceso a los peritos personas y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
