Por Víctor Alarcón Olguín
Es lamentable ver el galimatías jurídico en que actores del gobierno han caído con el asunto FCCYT / CONACYT. Sin duda, el CONACYT y las universidades deben estar bajo el escrutinio público, pero hay formas. Alejandro Gertz y María Elena Álvarez Bullya insisten en ignorar todas las evidencias existentes: cuentas públicas aprobadas; cero observaciones ante la ASF o la UIC-SFP al momento del proceso de entrega-recepción, por sólo mencionar las más relevantes.
¿De dónde sale entonces el encono y la necedad de extender un problema que ya había sido resuelto por la Corte en su parte medular, como lo era desligar al CONACYT del FCCYT para ya no darle dinero? Eso fue lo que se resolvió este año con el cambio a la ley de CYT. Pero antes de eso, Álvarez Bullya estaba en desacato de una orden judicial que debió haberle costado el puesto, porque aún estaba en obligación de darle los recursos que reglamentariamente estaban estipulados al FCCYT previo al fallo aquí referido.
Hasta ahí podría haber quedado la trama, dado que el diferendo estaba resuelto al considerar incorrecto que se dieran recursos a una AC (no una “empresa privada” como torpemente ahora la quiere presentar la fiscalía en su acusación) y valorar que la idea de tener un cuerpo consultivo responde más a una naturaleza honoraria y por tanto a título personal; en síntesis, una estructura existente dentro de CONACYT y que no implica crear o generar vínculo con una persona moral externa. Sin embargo, una interpretación distinta era la que sostuvo al FCCyT como una entidad autónoma reconocida por la ley para desarrollar esa tarea y eso duró por casi 20 años. Eso es lo que se modificó con el actual gobierno.
Hasta ahí, se puede convenir que la acción y el fondo del diferendo tienen una explicación y una justificación. Pero lo que ha seguido después de ello se ha salido de toda lógica.
La titular de CONACYT decidió mantener y extender el conflicto a pesar del fallo reciente de la SCJN que vino a darle la “razón”. Quizás con el ánimo de mantener el tema ante el presidente y seguir sumando puntos con él al darle municiones mediáticas para su cruzada mañanera contra la corrupción. O peor aún, para dirimir rencillas con un sector de científicos que por largo tiempo la han cuestionado por sus posturas y que precisamente están ubicados en el FCCYT. Y decidió mantener una denuncia de hechos para la cual, aún si hubiere delitos, en todo caso, éstos no pueden ser reclasificados retroactivamente. Pueden darse sanciones administrativas o multas, pero no pueden hacerlos equiparables a delincuencia organizada.
Ese es el absurdo y el exceso de la alianza Gertz-Álvarez Bullya que por el contrario, en su momento podrían ser contrademandados por prevaricato y colusión de funcionarios públicos. Y como elemento para imputar esas presuntas conductas, está por ejemplo el otorgamiento del SNI-3 a Gertz en condiciones de dudosa aplicación de los procedimientos respectivos.
Estamos ante una clara contradicción acerca de lo que se quiere entender como “justicia” y el combate a la corrupción. A ello sumemos a personajes como el senador Armando Guadiana (que debería renunciar a su curul en tanto los medios destacan la presunción de que aún posee negocios directos con la CFE para suministrar carbón para generar energía eléctrica, lo cual se tipifica como conflicto de intereses), quien se atreve a solicitar “auditorías” a las universidades públicas. ¿Cuándo nos enseña su 3de3 señor senador? El buen juez (y en este caso, el buen legislador) por su casa empieza.
Por fortuna, hay personalidades del gobierno y en el propio Poder Judicial quienes con más prudencia han llamado a la mesura y a solicitar una ponderación objetiva sin filias ni fobias. Esperemos que esto pueda pasar a otro nivel menos agitado muy pronto.
Pero mientras tanto, solo queda expresar el deseo de que prevalezca el debido proceso para las 31 personas imputadas en este bochornoso asunto que ha venido a contaminar aún más al ya enrarecido ambiente nacional.
