El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, rechazó investigar a las universidades públicas, como lo solicitó el senador morenista Armando Guadiana Tijerina.
Fue por medio de su cuenta de Twitter, que el titular dio a conocer la decisión.
Guadiana pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la UIF auditar a diversas universidades públicas, ya que han sido utilizadas como “caja chica” y el dinero asignado para la educación termina en otros ámbitos, el senador morenista.
En su opinión, a pesar de que se dijo respetuoso de los científicos, hay un despilfarro en lo que calificó “turismo científico” y calificó de “falsos investigadores” a los académicos investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).
El miércoles, la FGR pidió por tercera vez al Poder Judicial que se le otorguen órdenes de aprehensión contra 31 exfuncionarios del Conacyt por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el este órgano científico a su Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
A través de una carta difundida la tarde de ayer, Guadiana insistió en la necesaidad de auditar a las casas de estudio para evitar irregularidades, tras los supuestos desvíos de dinero “que se han fraguado y que han lastimado, no solo a la comunidad universitaria, sino al país entero”.
Ricardo Monreal se solidarizó con la comunidad científica del país y calificó como un despropósito de la postura de Guadiana, aunque dijo que su postura la hizo a título personal, pues no tiene las facultades para reconvenir a ninguno de sus compañeros.
Como universitario, Monreal Ávila, mostró su solidaridad con la comunidad académica, y aseveró que antes habría que revisar la denuncia interpuesta por la directora de Conacyt; pero como universitario, dijo estar preocupado por el clima de crispación y de polarización con la comunidad científica.
“No quiero yo prejuzgar ni puedo negar la existencia de probables conductas anti jurídicas, porque ese no es mi función, ni puedo tampoco saber si hay o no elementos constitutivos de delito eso le corresponde al ministerio público y al juez.
Hasta que se les pruebe lo contrario, para mí la presunción de inocencia de los maestros debe prevalecer, pero no me atrevo a calificar si es un despropósito si es una persecución, si hay delincuencia, si hay peculado, si hay recursos económicos del erario público usados indebidamente, no me voy a meter a nada de la probable conducta antijurídica”, expresó.
Se acusa a los académicos de haber encabezado comités, a través de los cuales se autorizaron, entre 2013 y 2018, recursos públicos para la asociación civil denominada Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC que, según la denuncia, duplicaba funciones por un monto de 200 millones de pesos “para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores”.
