España es uno de los países que mejor han gestionado la educación durante la crisis de COVID-19, en particular con su política de evitar tras la primera ola el cierre de escuelas, que según la OCDE es una medida particularmente nefasta para los alumnos, pero también reforzando los equipos de enseñantes.
En un informe acerca del impacto de los 18 primeros meses de pandemia sobre la educación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) constata que, con carácter general, los países cuyos alumnos tienen peores resultados académicos son también los que más tiempo han cerrado los centros escolares.
Los autores del estudio advierten que la consecuencia será que no solo la crisis va a “amplificar las desigualdades entre países, sino también aumentar la fractura en los resultados entre ellos”.
España no es de los países en los que los alumnos obtienen una mejor calificación en PISA, ya que está por debajo de la media, pero al menos se ha destacado como uno de los que se esforzó por mantener las aulas abiertas, una vez que pasó la primera ola epidémica.
Entre 2020 y mayo de 2021 las clases estuvieron cerradas de media en la OCDE 55 días en preescolar, 78 en primaria, 92 días en la primera etapa de secundaria y 101 en la segunda, mientras que en España fueron 45 en todos esos niveles, y eso en la primera ola.
España forma parte de un grupo selecto con Noruega y Nueva Zelanda en los que los cierres duraron menos de 50 días en la segunda etapa de la secundaria en ese periodo. Y junto a Bélgica, Francia y Suiza en los que no han cerrado completamente en lo que llevamos de año pese a los fuertes brotes de COVID-19 registrados.
Algo que contrasta con los más de 200 días durante los que se han clausurado las escuelas en la segunda etapa de secundaria, total o parcialmente desde comienzos de 2020 en México, Polonia, Costa Rica, Colombia o Lituania.
El director del departamento de Educación, Andreas Schleicher, insiste en que “cuando sea posible, las escuelas deben seguir abiertas con las medidas sanitarias apropiadas que minimicen los riesgos”, y en que otras soluciones de aprendizaje híbrido o a distancia deben contemplarse solo como segunda y tercera opción.
Schleicher también pone el acento en que, cuando hay que limitar el aforo para mantener la distancia social, “es vital dar prioridad a los niños pequeños y a los estudiantes con necesidades especiales” para las clases presenciales.
La OCDE señala que alrededor de 40 por ciento de los 30 países analizados reforzaron las plantillas con la contratación temporal de profesores u otros profesionales para tratar de mitigar el efecto de las restricciones por COVID-19 sobre los alumnos.
España estuvo entre la media docena de Estados que lo hizo ya desde el curso 2019-2020. También está entre los que han incrementado los fondos económicos para la educación: dos tercios del total lo hicieron en 2020 y 75 por ciento en 2021 en primaria y secundaria. Ese dinero se dedicó para aumentar el número de profesores y para reducir los alumnos por clase.
