Por Margot Acosta
Con la iniciativa anunciada por el Presidente para liberar a los presos de la tercera edad mayores de 75 años, pero también a los que tienen más de 65 años con enfermedades crónicas y a los de cualquier edad que lleven encarcelados sin sentencia -en prisiones federales- más de 10 años ¿cuántos jefes-narcos, de los de antes y de los seminuevos esperan ser liberados?
El asunto piadoso rebasa la situación de una reforma (que desde luego es necesaria) para colocarse en la duda de quiénes serán los beneficiados (aunque no sean capos) y también del riesgo siguiente que ha ocurrido: en cuanto están en la calle, se pierden para seguir delinquiendo (Caro Quintero, por ejemplo) o enseñen a los más jóvenes a violar la ley, en aquello que sea su especialidad.
Es indiscutible que en México abundan los presos de la tercera edad, hombres y mujeres, seguramente no muchos más de los que había en 2017 y que sumaban 5 mil 846 mayores de 60 años, de los cuales 234 eran féminas y 5,612 varones. No muchos más, decimos, porque en la actual administración ha sido mínima la acción de la justicia. Todos, se advertía, tenían problemas de salud.
De acuerdo a la excelente Comisión Nacional de Derechos Humanos que había antes (no la chafa de ahora), después de analizar 137 escritos de queja de personas mayores de 60 años en centros penitenciarios en los últimos 10 años, se evidenciaba la invisibilidad en que se encuentran, pues el 66% de estas quejas eran por la negativa de conceder un beneficio de libertad anticipada, facultad que, a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, recae en el poder judicial.
Pero, en fin, hoy el riesgo existe. El temor sigue siendo la liberación de los grandes capos, de los “históricos”, internos en una buena parte de los 172 centros penitenciarios federales (el total de prisiones en México es de 298), Seguramente ya se soba las manos Héctor Luís “El Güero” Palma Salazar, de 80 años, a quien apenas en mayo pasado dejaron en libertad de su encierro en el Altiplano para tan sólo unas horas después volverlo atrapar. Como se sabe este sanguinario hombre perteneció al Cártel de Sinaloa. Dicen que está enfermo y hasta le hicieron la prueba de Covid.
Sí, porque en las cárceles mexicanas el bicho ha hecho su fiesta. Ya sumaban hasta mayo más de 5,000 los presos infectados, independientemente de los custodios.
Uno que seguramente buscará todas las maneras de abandonar Puente Grande y seguramente lo logrará, es Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Padrino”, de 76 años, casi ciego y sordo, quien purga una condena de 37 años apenas impuesta en 2017, por el asesinato de “El Cuini”.
También Héctor Beltrán Leyva es otro que probablemente luchará contra el encierro, aunque apenas cumplirá el año próximo sesenta años, mientras que Servando Gómez, alias “La Tuta”, doble contra sencillo a que espera lo tomen en cuenta para eso de la libertad anticipada, aunque ¡lástima Margarito!, sólo tiene 55 años ¿o no? Como se recordará el fue el último líder del cártel de “Los Caballeros Templarios” de Michoacán. Desde 2015 está en el Altiplano. Purga 55 años de prisión.
Y en esas esperanzas anda José Luis Abarca, pero con la pena el beneficio del decreto es para aquellos que no han cometido delitos de sangre y que se sepa… hay 43 estudiantes muertos.
Este decreto presidencial ya se veía llegar. Desde que el 10 de abril de 2019 la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con 318 votos a favor y 2 abstenciones, reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de derechos humanos de adultos mayores en los centros penitenciarios para establecer que las cárceles deberán contar con un registro de personas de más de 60 años que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación.
Ese día, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN) señaló que, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, el número de adultos mayores asciende a 13 millones y crecerá cada vez con mayor velocidad.
En aquel momento la reforma tuvo el objetivo de que las autoridades penitenciarias llevaran a cabo políticas públicas que garantizaran el pleno respeto a los derechos de este sector, sentido en el cual el Poder Ejecutivo Federal, así como los respectivos de las entidades federativas contarían con 180 días para realizar las adecuaciones conducentes a través de su normatividad reglamentaria.
“Con estas disposiciones se podrá contar con información oficial que permita conocer el estado real de las personas mayores internas y con ello se podrán tomar mejores decisiones en materia de salud y acceso a una vida más digna”, subrayó.
A su vez, el diputado Armando Contreras Castillo (Morena) expuso que la falta de condiciones de vida digna en los penales representaba uno de los mayores retos en materia de derechos humanos.
Asimismo, la diputada del PRI, Martha Hortensia Garay Cadena mencionó que, para el Estado, un foco de atención deben ser las personas adultas mayores recluidas en centros penitenciarios, “espacios de por sí saturados en los que este segmento está más expuesto a la discriminación, a la violencia y carencias de servicios básicos como alimentación adecuada y salud. La población de más de 60 años en estos centros va en aumento”.
El asunto pues es que, en el caso de los adultos mayores de 70 años, es más elevada la probabilidad de que en condenas de larga duración no se llegue en caso alguno a cumplir la totalidad de la sanción. Sí, fallecen antes.
