La ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigieron este jueves al Gobierno mexicano «el pleno esclarecimiento de las agresiones» contra la periodista Lydia Cacho, torturada en 2005.
A través de un comunicado el organismo internacional detalló que es necesario que en la investigación se dé con los responsables directos e intelectuales, con el objetivo de que no exista impunidad en el caso de Lydia Cacho.
Ante el reciente amparo que recibió el empresario José Kamel Nacif, acusado de torturar a la periodista, las agencias de la ONU «recuerdan la obligación de las instituciones del Estado mexicano de garantizar una investigación efectiva de los delitos y las violaciones a los derechos humanos».
El pronunciamiento se publica después de que Artículo 19 denunciara el martes que un tribunal en Quintana Roo, en el sureste de México, exoneró a Nacif tras otorgarle un amparo que lo libera de toda responsabilidad del caso de Cacho.
La periodista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad Nacif, empresario de la industria textil.
Nacif era uno de los principales señalados en el libro «Los Demonios del Edén» en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil que implicaba a empresarios cercanos al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
La ONU aseguró que la atención efectiva de las situaciones de graves violaciones de derechos humanos en México necesita el compromiso de todas las autoridades, incluidas las judiciales para que se llegue a la justicia y se repare el daño para las víctimas con el compromiso de no repetición.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso, determinó que el Estado mexicano había violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión.
Por ello, la ONU exigió analizar y resolver el caso ya que la impunidad no sólo afecta a Lydia Cacho y su familia, sino a todas las mujeres que son violentadas, así como a quienes ejercen el periodismo o son activistas.
«La impunidad en el caso de Lydia Cacho no solo afecta a la periodista y a sus familiares, (sino que) favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos», denunció la ONU.
Esto, añadió, fue en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión.
«La actividad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es esencial en una sociedad democrática. El propio trabajo de la señora Cacho ha demostrado la importancia del periodismo», manifestó la ONU.
El Gobierno de México, bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido disculpas públicas por el caso, pero la periodista y asociaciones civiles han denunciado que persiste la impunidad.
Cuestionado por el tema, López Obrador comentó en su rueda de prensa matutina que pedirá a la Secretaría de Gobernación (Segob) revisar la exoneración de Nacif porque «debe de haber otras instancias».
Sin embargo, lo atribuyó a los problemas que existen en el Poder Judicial.
«Es necesaria una reforma, urge una reforma al Poder Judicial», argumentó este jueves.
