Una jueza federal ordenó suspender el proceso contra el ex gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, en el caso que se le sigue por el presunto delito de falsificación de documentos.
Laura Margarita Sepúlveda Castro, jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Nayarit, admitió a trámite un amparo del ex mandatario estatal donde impugnó el auto de vinculación a proceso dictado el 6 de julio.
La juzgadora advirtió al juez de control del juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región III, en Tepic, que solo puede desahogar el procedimiento hasta la etapa intermedia y deberá esperar hasta que ella emita sentencia.
La jueza concedió un plazo de 15 días para que el juez de la causa entregue su informe justificado y programó la audiencia constitucional para el próximo 26 de agosto, fecha en la que resolverá si concede el amparo al ex gobernador.
“Se indica al Juez señalado como responsable que deberá suspender el procedimiento en la causa penal que siga contra el directo quejoso una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en este juicio de amparo, lo anterior de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando lo anterior no haya sucedido”, señaló la juzgadora.
En su acuerdo, la juez reconoció a Rubén Castillo Castillo y Ramona Alejandra Marques Rayas, como terceros interesados en el juicio de amparo porque tienen la calidad de víctimas en el delito que se le imputa a Roberto Sandoval.
En este caso, Sandoval Castañeda fue imputado por la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, en 2012, por falsificar firmas para apoderarse de 58 hectáreas de terreno aledañas al rancho “El Ensueño” en la comunidad de Aután, en San Blas.
En consecuencia, Marques Rayas y Castillo Castillo son considerados por los jueces como los principales perjudicados con la falsificación de esas firmas.
Sandoval Castañeda enfrenta cuatro procesos penales, de los cuales uno es del orden federal por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el resto del fuero común por la probable falsificación de documentos, delitos electorales y ejercicio indebido de funciones. En cada uno de los casos se le ha vinculado a proceso.
