Por Miguel Tirado Rasso
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la volvió a hacer. Una vez más, este polémico partido ha demostrado que para alcanzar sus objetivos políticos no tiene límites y que está dispuesto a correr cualquier riesgo, sin importar si esto incluye violar la ley, al fin y al cabo, en esto tienen gran experiencia sin que les haya significado mayores problemas para continuar operando.
Fundado en 1986, participó por primera vez en las elecciones federales de 1991, sin alianzas y sin éxito, al no lograr obtener su registro definitivo por no alcanzar el mínimo de votos exigido por la ley, que entonces era de 1.5 por ciento, quedándose a sólo 2 décimas de la cifra mágica (fuente: página oficial del PVEM). Este descalabro, sin embargo, no fue obstáculo para que sus promotores insistieran en obtener su registro condicionado, lo que consiguieron en 1993.
Para la elección federal de 1994, este instituto postuló su propio candidato presidencial, por primera y única vez, porque a partir de esa experiencia descubrieron que el secreto de su futuro no estaba en liderear, en sumar, sino en sumarse al partido en el poder, independientemente de su ideología. Su candidato, entonces, fue su fundador y dirigente durante 15 años, Jorge González Torres. En 2001, lo sucedería su hijo, Jorge González Martínez, quien permanecería en la presidencia de ese organismo hasta 2011.
Durante sus casi 30 años de existencia como partido político, el PVEM ha tenido su altas y bajas, pero ha sabido acomodarse a las circunstancias con un pragmatismo político fuera de serie. En sus alianzas no se oculta el sol. En el proceso electoral de 2000, formó una coalición afortunada con el PAN, Alianza por el Cambio, se llamó, cuyo candidato presidencial Vicente Fox, hizo historia al acabar con la hegemonía priista en el Ejecutivo. La alianza, sin embargo, no duró mucho tiempo y los dirigentes del Verde se alejaron del gobierno panista, para aliarse con el PRI en la elección intermedia de 2003.
Para las elecciones de 2006, este partido fintó con la posibilidad de postular su propio candidato presidencial (Bernardo de la Garza), al que retiró para negociar una alianza con el mejor postor, PRI o PAN, decidiéndose por el primero, para su desfortuna. Para la elección de 2012, los dirigentes de este partido formaron una alianza ganadora con el PRI, logrando, inclusive, su primera gubernatura (Chiapas) con candidato propio.
Más por inercia que por convicción, bajo el principio de con el partido en el poder, hasta que lo pierda, para las elecciones de 2018 el Verde Ecologista participó en alianza con el PRI, sumándose a la candidatura del candidato presidencial de este partido. Tras la derrota electoral del tricolor, los dirigentes del partido Verde no dudaron en reconsiderar su posición para sumarse a la 4T, y participar en una alianza parlamentaria y electoral con Morena, lo que les ha rendido buenos frutos, que se ven reflejados, ahora, en una bancada de 44 diputados, que los convierte en un muy atractivo aliado estratégico.
A lo largo de su existencia, este partido ha dado de que hablar y no precisamente, por sus propuestas políticas o por su trabajo legislativo. A nivel internacional ha sido desconocido por el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, por sus campañas a favor de la reinstauración de la pena de muerte, una postura totalmente contraria a la carta constituyente de los verdes globales.
Localmente, sus dirigentes se han inclinado por operar en los límites de la legalidad y, no pocas veces, violando la ley. Esto les ha merecido ser el tercer partido político con más multas recibidas, algo que no les aflige, pues esas sanciones las cubren con dinero de las prerrogativas que, por ley, el Estado les otorga. Además de que tienen ya muy calculados los riesgos de las posibles sanciones por sus violaciones a las normas jurídicas, que resultan ventajosamente compensados con ilícitas ganancias. Ahí la explicación de su reincidente conducta transgresora.
En la pasada elección, el partido Verde dio una muestra más de que lo suyo es apostar al juego tramposo y, como lo hicieron en los comicios de 2015, de nueva cuenta violaron la veda electoral de los 3 días previos a la jornada comicial con una cascada de mensajes de twitter, en esta ocasión, generados por los llamados influencers a los que les pagaron para promover votos a favor del partido y de sus candidatos.
La ley establece sanciones graduales para quienes infringen la veda electoral, que pueden llegar hasta la cancelación del registro del partido infractor, cuando hay reincidencia en la falta cometida, como es el caso. El PVEM merecería la pena máxima y perder su registro, lo que se habría ganado a pulso, pero sus lazos y servicios a la 4T lo tienen blindado. Una multa y la pérdida de sus derechos a tiempos en radio y televisión durante un año, es la sanción “histórica” que le aplicó el INE, en esta ocasión.
No nos extrañe, pues, que en laa próximaa elecciones, este partido incurra en las mismas faltas y, quizás, en otras adicionales, sin mayores consecuencias, porque su conducta ilegal está en su ADN.
Julio 29 de 2021
