Por Jesús Michel Narváez
El Pacto Federalista, que conforma la Nación, establece que los Estados son Libres y Soberanos para su régimen interior. El artículo 115 establece: Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa.
En tanto las Constituciones estatales no contravengan a la Federal, la libertad de conformar su administración depende de los Tres Poderes y en cuanto al Ejecutivo tiene la potestad de nombrar su gabinete sin injerencia de ninguna especie. En el caso de los fiscales estatales corresponde al Congreso avalar el nombramiento y actuar en consecuencia si comete faltas graves y relevarlo del cargo.
Que quede claro: es facultad exclusiva del Congreso removerlo o ratificarlo. No se admite mano negra del centro del poder político.
El presidente López, en una desbarrada más en su concepción política, sugirió que Guanajuato renueve sus instituciones de seguridad bajo el argumento de que el fiscal no ha cumplido y la entidad presenta malos resultados.
Al referirse al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, señaló: “Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido, hablando en plata, más si es un asunto tan delicado como lo es la seguridad pública, como es la vida de la gente”.
Concediendo que Guanajuato es un estado en donde la violencia es imparable, el presidente no tiene facultades ni derecho para entrometerse en la forma de gobernar.
Parafraseándolo, diría que si el presidente fuera empleado de una empresa ya habría sido despedido por los malos resultados.
No puede presumir que la Federación ha cumplido en combatir a los criminales y mucho menos ordenar cómo se debe frenar la violencia.
No tiene cara para hablar en ese tono.
El país está pintado de rojo. No hay entidad -incluida la Ciudad de México que es el Estado 32- en donde sus suelos no tengan sangre derramada. La ola de violencia se ha incrementado y baste revisar las cifras oficiales de homicidios dolosos para pronosticar que el gobierno de Andrés Manuel López pasará a la historia por el elevado número de muertes provocado por los criminales organizados y los narcotraficantes.
Defiende su no estrategia de seguridad bajo el manto de un nuevo modelo, que busca atacar los orígenes de la violencia. Ha gastado un billón de pesos en sus programas para “rescatar a los jóvenes” de las garras de los criminales y los índices de asesinatos, ejecuciones prioritariamente, no bajan.
Suben y siguen subiendo.
Ha quedado demostrado que su política de abrazos no balazos ha generado dos fenómenos: más muertes y una expansión alarmante de los cárteles criminales.
Pedir un cambio total en las instituciones de seguridad y justicia a un Estado que es LIBRE Y SOBERANO y al que se le ha negado sistemáticamente el apoyo federal, con el chabacano argumento de que los “homicidios son del fuero común” ignorando totalmente que el uso de armas reservadas en exclusiva para las fuerzas armadas, es delito federal; la simbra, trasiego y venta de estupefacientes prohibidos, es delito federal; las ejecuciones entre criminales y contra civiles con armamento de grueso calibre, es delito federal.
Y hay un largo etcétera de delitos federales y que por tanto deben ser atendidos por la Federación no por los gobernadores.
Y si de corrupción se habla y por la forma de hacerlo el presidente López, entonces no podrían quedar exonerados los titulares y sus subalternos, los secretarios de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Seguridad Pública Ciudadana.
Cabe y sin restricción gramatical alguna aplicar al presidente el popular refrán: el burro hablado de orejas”.
Y recordarle que ha fracasado en proteger a sus gobernados al no frenar la violencia, sería suficiente para despedirlo si fuera gerente de una empresa. Aunque, a decir verdad, usted es un gerente contratado por el pueblo.
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