Cuando se cumplen dos años de la participación de la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia, la militarización de la seguridad pública en México se ha “profundizado” sin que haya controles internos y externos que garanticen el respeto a los derechos humanos, según alerta un informe de la ONG Centro Prodh.
“Intentamos alertar de los riesgos que pueden existir si se prosigue en una ruta de profundizar la militarización y para nosotros esos riesgos son de tres tipos: que sigan existiendo violaciones a derechos humanos, en la permanencia de la violencia, y en el trastocamiento de las relaciones cívico-militares”, dijo en entrevista con Efe el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre.
El informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense“, fue elaborado por la organización a dos años del inicio de operaciones de la Guardia Nacional y a 7 años de la matanza extrajudicial del caso Tlatlaya.
Y apenas unos días después de que se anunciara la intención de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permanentemente.
La Guardia Nacional entró oficialmente en operaciones el 30 de junio de 2019, pero miles de sus miembros, provenientes tanto de la extinta Policía Federal como del Ejército y la Marina, empezaron a trabajar antes.
Y aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió un mando civil, al final optó por uno militar en proceso de retiro, cosechando un sinfín de críticas.
Propuesta por López Obrador para combatir los crecientes índices de violencia e inseguridad en México, la Guardia Nacional tiene adscritos hasta ahora a unos 100 mil agentes y espera llegar a 150 mil para 2023.
