Concesionarios de la Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México acusan a la Secretaría de Movilidad (Semovi) y al Merobús de complicidad en el desojo del patrimonio de 52 transportistas.
En entrevista exclusiva para México en la Red, Azael Arellanes, representante de los transportistas agraviados explicó que en este fraude están implicados en presunta corrupción y complicidad los secretarios de Transporte, en su momento, y de Movilidad, en la actualidad, de la CDMX.
Ellos son Armando Quintero, Héctor Serrano, Carlos Meneses, Rufino H. de León y Andrés Lajous Loaeza, así como los directores del Metrubús y funcionarios del Comité Adjudicador.
Se trata de 52 dueños de Microbús que en 2008 fueron invitados a participar en la Línea 2 del Metrobús, ya que su Ruta sería afectada con la creación del nuevo medio de transporte.
Para ello tuvieron que reunir los requisitos que el Metrobús les exigió, entre otros constituirse como persona moral, es decir como empresa, y chatarrizar sus microbuses. Por esto último el Gobierno del Distrito Federal (en ese entonces) le entregó 100 mil pesos por cada uno, con lo que reunieron 5 millones 200 mil pesos, mismos que entregaron como enganche para la compra de ocho Metrobuses.
Además donaron el valor de la chatarra de los Microbuses para la creación de un Fideicomiso para la transformación del transporte en la Ciudad de México, lo cual consta en los archivos de las autoridades.
El fraude que acusan se llevó a cabo en la creación del acta constitutiva de la empresa Transportes SAJJ SA de CV, que quedó constituida a nombre de sólo una persona José Juan Sánchez Armas, quien fungía como su representante, y no de los 52 concesionarios, información que les fue ocultada.
Los transportistas agraviados se enteraron del fraude cuatro años más tarde, en 2012, cuando Sánchez Armas falleció y les informaron que no formaban parte de las actas constitutivas.
Azael Arellanes reiteró a Grupo Sol que este fraude y despojo perpetrado por José Juan Sánchez Armas sólo pudo ocurrir con la complicidad de las Autoridades de la Secretaría de Transporte, a cargo de Armando, Quintero, el Comité Adjudicador y las autoridades del Metrobús, quienes todo el tiempo supieron a quien le entregaban la concesión.
“Armando Quintero Martínez incluso iba a las oficinas de la empresa, de la Ruta, todavía en ese momento, y nos decía, los felicito, ustedes son la mejor empresa, siempre elogiándonos y felicitándonos”, comenta el representante de los transportistas defraudados.
“Cuando nos percatamos que no estábamos en el acta constitutiva inmediatamente nos empezamos a organizarnos, empezamos a movernos y empezamos a ir a la Semovi.
“Existe y existió un comité adjudicador de concesiones, precisamente lo crearon para que ese comité adjudicara concesiones colectivas a partir de las concesiones individuales, de hecho yo tengo en mis manos una copia simple del título concesión que se le dio a la empresa que se generó porque el dirigente creo la empresa denominada Transportes SAJJ SA de CV, que curiosamente son las siglas de este amigo Sánchez Armas José Juan”, precisa Azael Arellanes.
“Entonces la concesión se le entregó a la empresa, pero el título concesión dice claramente que debíamos de demostrar ser concesionarios de las rutas afectadas y además debíamos chatarrizar un microbús para poder ser socios de la persona moral.
“El documento dice que nuestras concesiones individuales se extinguen en virtud de que nosotros quedemos inscritos como socios de la persona moral; sin embargo ese comité adjudicador de concesiones hizo caso omiso de este hecho y nosotros no estamos en esa concesión.”
Después de la muerte de José Juan Sánchez Armas, los 52 transportistas defraudados lograron una revocación de la concesión, ya que el hijo del finado, de nombre José Juan Sánchez Rodríguez do; “Mi me heredó la empresa. La empresa es mía, no se preocupen todo va a seguir siendo como es hasta ahora”.
Sin embargo los denunciantes aseguran que Sánchez Rodríguez los trata “con la punta del pie. Nos paga lo que quiere a través de un tercero porque ni siquiera nos paga por medio de la empresa.
“En un principio sí nos pagaban, nos bajaban a veces alguna cuenta, los cheques decían pago socio Transportes SAJJ, en el banco también ponían el título en las transferencias que decían pago socio Transportes SAJJ, pero hoy por hoy el chamaco está muy bien asesorado y nos paga a través de una outsoursing y, repito, de verdad nos da lo que quiere, acusa Azael Arellanes.
Y agrega: “estos tiempos de pandemia para que se den una idea nos daban seis mil pesos, hoy nos está dando tres mil pesos”
“Hay otras empresas de Metrobús que tienen la misma cantidad de autobuses. La empresa en este momento tiene 26 unidades, sin emargo, a nosotros nos sigue pagando lo mismo que cuando la empresa tenía nueve autobuses porque él se atribuye la anexión de las otras unidades como su logro y solamente nos sigue pagando lo de nueve.”
Las autoridades tienen conocimiento de esta situación. “La gente del Metrobús lo sabe desde 2008 y sobre todo desde 2012 que nosotros empezamos a pelear.
“De hecho la opinión de la directora del Jurídico del Metrobús manifiesta que nosotros tenemos la razón. De este documento emana la revocación y que quedan salvaguardados los derechos de los 52 concesionarios, pero sorpresa, resulta que cuando se fue esa administración y llegó la nueva ya no nos dieron ninguna respuesta”, refiere Azael Arellanes.
Añade que también desde 2012 hay una denuncia penal contra el hijo de José Juan Sánchez Armas, sólo que en ese momento se quedaron sin abogados y hubo cambio de administración en el Gobierno.
De no resolverse esta situación de despojo y complicidad, los transportistas amenazan con cerrar los carriles confinados de la Ruta 2 del Metrobús para lograr que se respeten sus derechos que han sido pisoteados.
