Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, anunció que se activó el proceso para que el pleno del organismo se pronuncie sobre la reforma que extiende dos años su periodo al frente de dicha institución.
A través de su cuenta de Twitter, Zaldívar compartió el documento en el que dijo que se activó el procedimiento.
«Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el pleno de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial».
En un comunicado Zaldívar recordó que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial «más importantes en los últimos 25 años».
Dijo que esta reforma fue posible gracias a un «esfuerzo inédito» de los distintos poderes y recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.
«Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía» del Poder Judicial, admitió.
Por todo ello consideró que el pleno debe fijar «una postura a la brevedad posible».
Y como presidente de la Suprema Corte, sometió a consideración del tribunal esta consulta, que contempla varias preguntas sobre la posible inconstitucionalidad de ese artículo, el choque con otras leyes y el papel que debe tener el Supremo en esta controversia.
Zaldívar explicó que para «dirimir» estas controversias instruirá «la formación del expediente y su turno a la ministra o ministro que corresponda para la elaboración de un proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados, a fin de que, con celeridad, se salvaguarde la autonomía e independencia del Poder Judicial».
El primer cuestionamiento tiene que ver con la posible inconstitucionalidad del artículo décimo tercero, por lo que la pregunta es: ¿qué determinación debe adoptar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
La segunda pregunta es: ¿Puede el pleno de la Suprema Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o de algunos de sus órganos, fuera de un medio de control constitucional promovido por parte legitimada?
Como tercer cuestionamiento el ministro Zaldívar señala: ¿qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general?, y ¿Basta la mayoría simple o se requiere una mayoría calificada de ocho votos?
Otra de las pregunta que tendrá que responder el pleno de ministros es: ¿El contenido del artículo décimo tercero transitorio es acorde con los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?.
Finalmente plantea a los ministros que de considerarse que es inconstitucional ¿cuál sería el efecto de esta resolución en relación con la norma general en análisis, así como respecto de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal?
El pasado 8 de junio, Zaldívar había anunciado su intención de presentar al pleno del máximo tribunal esta consulta.
La polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación en la se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024 fue publicada hace una semana por el Gobierno mexicano.
El artículo polémico establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.
Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, puesto que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.
