Por Miguel Tirado Rasso
La jornada electoral más grande de la historia, por el número de cargos de elección popular en juego y la simultaneidad de comicios en todas las entidades de la Federación, está por convertirse también en la más violenta del México moderno, según se desprende del Cuarto Informe de Violencia Política en México 21, publicado por Etellekt Consultores, hace un par de semanas. Por lo pronto y, de acuerdo al documento, este proceso es ya el segundo más violento del milenio, y contando.
El informe de Etellekt abarca del 7 de septiembre al 30 de abril período en el que registra 282 aspirantes y candidatos agredidos. 17 de ellos renunciaron, como consecuencia de las amenazas recibidas y 31 perdieron la vida en atentados mortales. La violencia política se ha ensañado en los candidatos de oposición. El 78 por ciento de las 282 víctimas pertenecen a partidos opositores a gobiernos estatales. 69 por ciento, en busca de cargos municipales; 17 por ciento, en pos de una gubernatura o diputación local, y 14 por ciento, por una diputación federal. De los militantes que perdieron la vida, casi el doble pertenecía a la coalición PAN, PRI y PRD, sobre los de la alianza de Morena, PT y PVEM.
El pronóstico es grave, pues en el mes de mayo, la violencia contra políticos y candidatos se ha incrementado. Solo la semana pasada, a plena luz del día, asesinaron a Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme. En un clima así, poco contribuyen los exabruptos de algunos líderes de partidos que, en la búsqueda de votos, lejos de formular propuestas, se han dedicado a denostar e injuriar a sus contrincantes, sembrando todavía más odio del que normalmente se da en estas contiendas electorales.
Algo que preocupa mucho por sus implicaciones a futuro, son los ataques que, quizás como nunca antes, se han dado como consigna en contra de la autoridad electoral. Las descalificaciones y denuncias, sin mayores elementos, en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y sus consejeros, por una supuesta parcialidad y favoritismo hacia los partidos de oposición, resultan hasta sospechosos viniendo del partido en el poder, como si los otros datos indicaran que Morena no podrá cumplir su compromiso electoral con la 4T y, desde ahora, busca poner en duda la autoridad y credibilidad del Instituto y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para cuestionar cualquier resultado que no les favorezca y acudir al consabido recurso de reclamar fraude electoral, sin mayores elementos.
En nuestra cultura política electoral, solo existen los ganadores o los que reclaman fraude. Salvo honrosas excepciones, nuestros políticos no acostumbran reconocer sus derrotas en las urnas ni, menos, levantar la mano de quién los venció. Tal vez, habría que atribuirle a la historia de nuestra dictadura perfecta (Mario Vargas Llosa, dixit), esta actitud de rechazo de nuestros políticos a reconocer un fracaso electoral. 70 años de partido hegemónico, pudo crear una conciencia triunfalista, en la que la victoria se daba a como diera lugar, entre quienes ejercían el poder. Cuando la apertura democrática se logró, se hizo necesaria la institucionalización de un árbitro externo, autónomo e independiente para el reconocimiento de los triunfos de otras fuerzas políticas, distintas a la del partido oficial.
Y vaya que la autoridad autónoma ha funcionado. No es casualidad que, a partir de la existencia de una institución electoral ajena al gobierno, la alternancia democrática es una realidad en México. En 18 años, hemos tenido lo que en tres cuartos del siglo pasado no sucedió, tres partidos políticos diferentes han gobernado el país, en sucesiones pacíficas y democráticas.
Se dice que, en el deporte, cuando un equipo va ganando no se le ocurre cuestionar la actitud o el desempeño de un árbitro. Lo que es común, es que quien va perdiendo en el score, sea muy sensible y cuestione las decisiones del réferi, para quitarse culpas y atribuirle al árbitro la causa de su derrota. Algo de esto podría aplicarse a la política de estos tiempos.
La dirigencia de Morena ha llevado al extremo su animadversión a la autoridad electoral. Recientemente sacó un spot en el que acusa a los consejeros del INE de ser parte de “las cuotas y cuates” del PRI y del PAN, acusándolos de complicidad en supuestos fraudes electorales y de favorecer la corrupción. Esto, además de los llamados de notables morenistas a eliminar, “exterminar”, han dicho, a la institución electoral, son el presagio de un conflicto postelectoral complicado y delicado.
Esperemos que la sensatez prevalezca entre todos los actores de este proceso, pues con un ambiente tan caldeado, lo menos recomendable es atizarle al fuego.
Mayo 20 de 2021
