Los consejeros electorales del INE no son Ministerio Público, no tienen facultades para calificar o determinar si hay o no delitos en el proceso electoral, reprochó el senador Ricardo Monreal Ávila
Convocó a esos funcionarios a no invadir funciones del MP, ya que es muy delicado que algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral consideren que utilizar “unos carboncillos o plásticos’’, para prometer beneficios a cambio del voto, no amerita la cancelación del registro.
Fue el consejero Ciro Murayama quien dijo que si las tarjetas que reparten candidatos no tienen dinero o bienes, son propaganda, pero no es ilegal.
Monreal afirmó que quien califica la conducta antijurídica de los ciudadanos que la cometen no es el INE, es el Ministerio Público y, en todo caso, el juez de control.
En una gira que realiza por Tlaxcala, llamó a las autoridades a no dejar pasar a los delincuentes electorales con trampas y compra del voto. “Hoy -dijo-, hay que defender el voto libre de los ciudadanos y de las ciudadanas”.
“Amerita la privación de la libertad, sin derecho a fianza” a quien cometa este delito grave, ya sean candidatos, gobernadores, presidentes municipales o funcionarios públicos, comentó.
El coordinador de Morena recordó que no es la voluntad ni la descripción de un funcionario lo que define el tipo penal, sino los legisladores; y en este sentido el Congreso definió, en el artículo 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es delito grave el uso de los programas sociales con fines electorales, “sin beneficio de la libertad”.
Es decir, el reparto de despensas o la expedición de tarjetas con la promesa de recibir beneficios a cambio del voto, para tergiversar la voluntad popular.
Todo aquel, subrayó Monreal, que usa programas sociales con estos propósito, comete un delito electoral grave, que debe judicializar de inmediato el Ministerio Público y el juez de control ordenar su comparecencia y detención.
El senador consideró que los consejeros están a tiempo de “no seguir abusando y alejándose del principio de legalidad”.
“No queremos a un INE y a un TEPJF como parte del proceso, los queremos como árbitros imparciales y profesionales. No queremos que el Instituto Nacional Electoral se convierta en la contraparte de Morena y no queremos que actúen facciosamente en contra nuestra”.
En mis 44 años al servicio público, reveló, siempre vi a los gobiernos Federales, en épocas de elecciones, repartir dinero de las arcas públicas, lo mismo a las y los candidatos a diputados, senadores y gobernadores.
Hoy, finalizó, tenemos un Presidente escrupuloso que no va a dar recursos ni proteger a nadie que cometa un delito.
