La Cámara de Diputados aprobó este viernes la solicitud de procedencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien se convierte en el primer gobernador en perder el fuero.
La fiscalía acusa al gobernador de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Después de casi siete horas de debates, gritos, insultos y manifestaciones de protesta en el salón de sesiones, el dictamen se aprobó con 302 votos a favor 134 en contra y 14 abstenciones. El documento se turnó al Congreso del estado de Tamaulipas.
El Pleno de la Cámara baja sesionó sin la asistencia de García Cabeza de Vaca, con la participación a distancia de su abogado defensor vía zoom y sólo con la presencia física de la parte acusadora de la Fiscalía General de la República (FGR). El aún gobernador García Cabeza de Vaca no acudió, entre versiones de que viajó a Estados Unidos para evitar ser detenido.
En la sesión estuvo la fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, representante de la FGR, quien expuso en el Pleno de la Cámara baja los hechos por los que se le acusan a García Cabeza de Vaca y los cuales dan lugar a la declaratoria de desafuero, y el abogado defensor Alonso Aguilar Zinser.
“Francisco Javier García Cabeza de Vaca, valiéndose de los cargos públicos que ha ostentado, ha acumulado una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas, Estados Unidos y en el Estado de Tamaulipas, adquiridos principalmente entre los años 2005 y 2019, tratándose esto de empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos y cuentas bancarias”, sostuvo.
Expuso que “se obtuvieron medios probatorios de los que se desprenden hechos con apariencia de delito y la probabilidad de que el mencionado participó en la comisión de los ilícitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada”.
También acudieron Anselmo Mauro Jiménez Cruz, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; Federico Gómez Ornelas, fiscal en jefe de la Fiscalía General de la República y Karina Jasmín Durán Martínez, fiscala en jefe de la Fiscalía General de la República.
Por videoconferencia, el abogado defensor, denunció falta de pruebas en las acusaciones, irregularidades en el proceso y solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desechar el dictamen de la Sección Instructora, que declarar como procedente el desafuero del gobernador.
Los diputados del PAN, con toda su bancada sobre la tribuna, sin sana distancia, entre gritos y con una manta con reproches de “Basta de persecución política”, “alto al uso electoral de la justicia” recriminaron y calificaron de “mediocre” e “infundado” el dictamen de la Sección Instructora que acusa al gobernador.
El coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks, acusó que “estamos frente a un acto faccioso de un proceso dirigido a tiempos electorales, que son discrecionales y sesgados, para unos casos, sí y para otros no, y que se manejan a capricho desde el señor Presidente de la República”.
Ruta del dictamen
A pesar de la aprobación del desafuero en San Lázaro, el trámite continuará en una etapa incierta y de ambigüedad, debido a que la ley no es precisa en el procesamiento del dictamen en el Congreso local de Tamaulipas.
Aunque en casos anteriores los diputados locales sólo han dado trámite, avalado el dictamen y puesto a disposición del Ministerio Público al acusado de su entidad –como en el caso de la diputada local panista de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, en junio del 2016-, en esta ocasión la mayoría parlamentaria panista estatal podría bloquear el caso.
El Artículo 111 de la Constitución federal señala que una vez avalado el desafuero en la Cámara de Diputados “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones, proceda lo que corresponde”.
Lo anterior puede llevar a que, en aras de proteger a García Cabeza de Vaca, el Congreso estatal podría declarar que el dictamen “no es vinculante” con lo que haga la Cámara de Diputados, y el caso podría desecharse, aunque esta determinación sería impugnada ante la Suprema Corte.
También, el pasado 31 de marzo el Congreso de Tamaulipas derogó y dio marcha atrás a un acuerdo que había sido aprobado un mes antes para establecer nuevas reglas de procedimiento para el desafuero del Gobernador, que indicaban que sólo le tocaba decidir a los legisladores locales, no a los federales, decreto que fue impugnado ante la Corte por la Cámara de Diputados.
“El Congreso local deja sin efectos las reglas para la declaración de procedencia de desafuero en contra de los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”. “La idea de la abrogación es eliminar totalmente las posibles confusiones y anular una atmósfera de enrarecimiento sobre el tema de desafuero”, informó el legislativo a través de un comunicado.
