El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) acordó por unanimidad presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el padrón de datos biométricos.
La acción de inconstitucionalidad se presentará en contra del padrón de datos biométricos: el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021.
En sesión virtual de este martes, los siete comisionados advirtieron que las reformas, que contemplan el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) con datos biométricos, causan afectaciones a los derechos humanos, de acceso a la información y de protección de datos personales, además de ser “excesiva”.
“Advertimos que diversas disposiciones de dicho decreto causan afectaciones de distintos tipos a los derechos humanos, de acceso a la información y de protección de datos personales consagrados en los artículos 6 y 16 de nuestra Carta Magna”, señaló la presidenta del INAI, Blanca Ibarra Cadena.
El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov expuso que no se observa una relación directa entre el combate a la delincuencia frente a la vulneración de protección de datos personales con el padrón de datos biométricos.
En su intervención, la comisionada Josefina Román Vergara refirió que la nueva Ley de Telecomunicaciones debe ser revisada por la SCJN ya que transgrede los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución.
“No está tomando en cuenta los parámetros impuestos al Estado mexicano”, declaró.
Para el comisionado Adrián Alcalá Méndez, entregar datos biométricos en las condiciones planteadas por la nueva ley de Telecomunicaciones, pone en riesgo la protección de datos de millones de personas.
“La persecución de los delitos es un tema que nos debe preocupar a todos y que el Estado es el responsable de velar por la seguridad de los habitantes. Por ello, no puede ni debe ser razón suficiente para restringir las libertades y los derechos humanos de los mexicanos, el costo que pagaríamos por esto puede ser muy alto la entrega de los datos biométricos de todos en las condiciones planteadas consideramos que excede por mucho la finalidad de la ley que se reformó”, indicó.