*México Estuvo a Punto de Tener Respiración Asistida con un Covid Financiero
Por Alfredo Mejía Montoya
Del dominio público es, nacional e internacional, que el Estado Mexicano, llámese gobierno federal a partir del 2019, comenzó a tener problemas financieros eminentemente presupuestales, debido al excesivo gasto social de “ayuda a los pobres” que ha llevado a sus finanzas a estadios peligrosos de déficit. Aunado al gasto en megaproyectos insignia de escasa rentabilidad y dirigidos a sector turístico como lo es el Tren Maya, sector que estará estacionado por lo menos tres años debido a la pandemia, y al sector de energías no renovables, como lo es la pretendida refinería de dos bocas.
Se ha observado que los saldos de la deuda neta del sector público federal reportaron el mayor índice como proporción del producto interno bruto (PIB) del que se tiene registro desde 1990, según lo muestran las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hemos comentado que, aunque se diga desde palacio nacional que no se ha endeudado al país, lo cierto es que, si lo han endeudado, disfrazando dicha deuda, pero los índices no mienten. En 2020, la deuda de México representó el 52.4% del PIB, una cifra histórica, en 2019 el nivel fue de 45.1% del PIB.
Tan solo en 2020 se incrementó 7.3% del PIB. En dónde el costo de esta deuda o pago por intereses representó el 3% del PIB, el nivel más alto registrado desde el año 2000, llevándose una proporción del 11.4% del presupuesto de egresos en 2020, el margen de maniobra es negativo.
Es cierto que la deuda pública en todo el mundo se ha incrementado con el fin de estimular la economía y atender la inesperada pandemia, en específico la emergencia sanitaria del Virus SARS-CoV2 (Covid-19), pero en México no fue así, ya que decidió no contratar más deuda que la aprobada, y no se apoyó al sector privado para minimizar el cierre de actividades no esenciales y maximizar a las esenciales, en nuestro país la deuda pública creció por la depreciación del peso y la caída de la economía en un-8.5% en 2020, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Cuando lo propio era incentivar el crecimiento económico a través de la inversión física pública productiva que detone inversión privada, incrementar el gasto para acelerar la aplicación de las vacunas, en el entendido de que si las personas están enfermas, si continúa la pandemia, como está sucediendo, a las personas no les es viable salir a trabajar, y si lo hacen, el peligro latente del contagio es superlativo, es por ello que dicho gasto, de las vacunas, aunque de deuda pública se trate, es claro que debe contratarse.
El gobierno federal, a través del titular de las finanzas públicas Arturo Herrera, simplemente nos dice que en acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador decidieron no contratar más deuda por la pandemia y para procurar crecer en el 2021, porque el marco legal en México para esos efectos es restrictivo, esto es, que la Ley Federal de Deuda Pública (LFDP) les restringe esta facultad, lo cual es falso, ya que su ARTICULO 4o. dispone que “… corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: I.- Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva…” IV.- Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social…”(sic LFDP).
Lo anterior es cierto, la LFDP se crea en 1977, pero la misma ha tenido reformas y adiciones, por lo tanto no es un impedimento el hecho de que la ley sea muy antigua como lo dijo el secretario, la misma se ha ido adecuando a la dinámica financiera del gobierno federal, tanto es que la deuda pública ha estado creciendo desmesuradamente en 2019 y 2020. Como se dijo, en 2020 se incrementó 7.3% del PIB, ya que en 2019 era de 45.1% y en 2020 fue de 52.4%.
Luego entonces, se afirma que sí se contrata deuda pública, pese a lo dicho desde palacio nacional por el presidente López Obrador, lo cual denota, o que no conoce la ley o su secretario de hacienda le está mintiendo o los dos nos están mintiendo a nosotros el Pueblo.
De todos es sabido la debilidad del ejecutivo federal por PEMEX la paraestatal con mayores pérdidas en toda su historia (2020), que recibió inyección financiera a cargo de deuda pública, no precisamente en dinero nuevo, sino en los refinanciamientos de deuda que esta paraestatal tiene con entidades financieras del extranjero y con un interés mayor.
Estamos dando por sentado que el Estado pagó sólo por concepto de intereses en 2020, por deudas anteriores y que refinanció parte de la deuda de Pemex, y que entre las dos figuras, ascendió al 3% del PIB, el nivel más alto registrado desde el año 2000, llevándose una proporción del 11.4% del presupuesto de egresos en 2020, cuestión que era imprescindible o de lo contrario los mercados podrían retiran su confianza y en ese escenario la deuda pasaría a ser completamente insostenible y el Estado quiebra o pasaría a una situación de respiración asistida como una especie de covid financiero.
En ese orden, al hablar de sostenibilidad de la deuda como equilibrio de las cuentas públicas, era fundamental que el Estado para hacer frente a los intereses de la deuda actuara así, sin necesidad de pedir más préstamos para pagar esos intereses, esto es, mientras las cuentas públicas incurran en déficit primario (ingresos públicos-gastos sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda) la deuda pública no hará más que crecer.
La pregunta ahora sería, si el gobierno federal en veintinueve meses solo ha dirigido recursos a una financiación de tres o cuatro obras insignia de escasa rentabilidad, y en “gasto social” mediante programas sociales en los que no existe un modelo de inversión que proyecte a los beneficiados a estadios de contar con un empleo en empresas productivas que generen crecimiento, resultan ser programas no solo de escasa, sino de nula rentabilidad, dejando a la demás población sin la proyección de crear infraestructura que beneficie a todo y no solo a sectores meramente desprotegidos o vulnerables, ya que medidas como esta, provocan que los pobres a los que se les regala dinero, jamás puedan tener la posibilidad de salir de la pobreza, sino que la profundicen más.
Pregunta: Por qué no, en lugar de invertir en mega obras en la que su rentabilidad no esté sustentada en un Plan de Negocios, que promueva el empleo, el ingreso, genere impuestos, ahorro, consumo, producción, exportación, entre otras actividades, y que esas Mega Obras sean pagadas con el dinero de los mexicanos de hoy, (esto es dinero fresco, y no con deuda pública, en la que se comprometa a las futuras generaciones para el pago correspondiente de deuda con su alícuota anual, con sus impuestos); y utilizar el dinero fresco en la creación de grandes polos de desarrollo de producción, que traerá aparejado los conceptos citados del plan de negocios, esto es generar ingresos suficientes para amortizar deuda o bonos a su vencimiento en vez de refinanciarlos. Sin duda, es una medida atrevida, pero que solo puede llevarse a cabo con un superávit primario de las cuentas públicas o gracias a ingresos extraordinarios, y no lo que sucede actualmente que, con el gran esfuerzo a base de medidas de austeridad, puede originar un posible estancamiento de la actividad y, quizás, a un futuro repunte de la deuda.
Imaginemos un niño de 10 años o una joven de 15, no generan riqueza, pues no trabajan (legalmente) y en el momento en que lo hagan, ya entran al mundo coactivo de los impuestos y en su caso, con el pago de sus contribuciones sufragarán la parte que les corresponda de la deuda por las obras de infraestructura que se crearon en años anteriores. No contemplamos redistribución de la riqueza, sino el pago de la deuda con sus impuestos por el uso de la infraestructura creada y la cual al día de hoy estará gozando y disfrutara durante muchos años y probablemente lo haga su descendencia, es como una medida de justicia tributaria, del porque tenemos que pagar con dinero fresco de hoy, las obras que utilizarán los ciudadanos del mañana, no es más justo que cada quién pague el costo de lo que usa cuando lo use y no como ahora, que los que pagaron sus contribuciones paguen una infraestructura que usarán poco o nada si mueren, ¿es justo? Y el gobierno lo sabe y aun así gasta el dinero fresco en obras sedentarias.
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