La cantidad de migrantes indocumentados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos subió 71 por ciento en marzo respecto al mes anterior, sumando 172 mil 331 personas, lo que plantea un creciente desafío para el gobierno de Joe Biden.
De esos arrestos, aproximadamente 168 mil fueron hechos por agentes de la Patrulla Fronteriza entre los puertos de entrada. Es el recuento mensual más alto desde marzo de 2001, cuando casi 171 mil fueron capturadas.La mayoría de los migrantes que intentan pasar la frontera sureste son solteros, de los cuales 103 mil 900 fueron expulsados el mes pasado, y 28 por ciento de ellos ya habían sido deportados anteriormente. Al resto se le permitió permanecer en Estados Unidos para solicitar asilo.
Además, cerca de 17 mil de los casi 53 mil padres e hijos capturados en marzo fueron expulsados bajo una orden de salud pública con el Covid-19, conocida como Título 42, dijo un funcionario citado por Reuters.
El número de menores no acompañados registró un aumento de 100 por ciento en un mes, al sumar más de 18 mil 890 niños, según los datos publicados ayer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La cifra está muy por encima de los récords anteriores de 11 mil 475 de mayo de 2019 y 10 mil 620 de junio de 2014. La Patrulla Fronteriza empezó a difundir las cifras en 2009. Antes de eso, la mayoría de los cruces eran de adultos.
Esos menores, admitidos en territorio estadunidense, representan un desafío logístico cada vez mayor para el gobierno, que tiene que albergarlos mientras espera reunirlos con algún familiar en el país.
El aumento obedece a una combinación compleja de factores en Estados Unidos y Centroamérica. Coincide con la decisión del gobierno de exceptuar a los menores no acompañados de la norma –impuesta a raíz de la pandemia– de expulsar a la gente sin darle oportunidad de pedir asilo. En lugar de ser expulsados del país, los niños son entregados a patrocinadores, en general sus padres o familiares cercanos, mientras se procesan sus casos en los tribunales de inmigración.
El miércoles las autoridades informaron que tenían a su cargo a 20 mil niños migrantes no acompañados, 4 mil 228 a cargo de la CBP y 16 mil 45 bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Para hacer frente al alza de estas cifras, el gobierno ha habilitado bases militares y otros recintos para albergarlos.
Según el diario The Washington Post, el costo semanal de alojar a los menores asciende a cerca de 60 millones dólares.
Las cifras en la frontera “han estado al alza desde abril de 2020 debido a razones que incluyen la violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la pobreza en México y en los países del Triángulo Norte de América Central”, indicó la Patrulla Fronteriza.
“Esto no es algo nuevo”, afirmó Troy Miller, comisario interino de la CBP.
Los republicanos responsabilizan al gobierno de abrir las puertas del país a quienes cruzan la frontera ilegalmente y de provocar una “crisis” en la frontera entre Estados Unidos y México.
La mayoría de los migrantes provienen de México, Honduras, El Salvador y Guatemala y, según la CBP, hay una creciente tendencia a trasladarse en grupos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se negó a reunirse con Ricardo Zúñiga, enviado de Biden a la nación centroamericana, debido a lo que considera un patrón de de-saires de demócratas y del gobierno estadunidense, de acuerdo con dos asistentes del mandatario.
La decisión de Bukele se da tras una desatención similar que supuestamente recibió de funcionarios estadunidenses durante una visita no anunciada a Washington en febrero.
Se produce además apenas días después de que el gobierno de Bukele otorgó un contrato de cabildeo de 1.2 millones de dólares a un ex diplomático de carrera del Departamento de Estado con el propósito de mejorar sus lazos con el nuevo presidente estadunidense.
Zúñiga viajó el miércoles a El Salvador luego de conversaciones en Guatemala centradas en el tema migratorio, en medio de un aumento de los arribos de niños a la frontera sur de Estados Unidos. A su arribo, Zúñiga inmediatamente anunció una contribución de 2 millones de dólares a una comisión internacional que busca fortalecer la lucha contra la corrupción, algo que funcionarios del gobierno de Biden consideran una de las causas principales de la migración.
