Por Jesús Michel Narváez
Con la suspensión definitiva dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se convirtió en una bomba de tiempo para los 11 ministros -3 mujeres- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Corresponderá a la Segunda Sala, presidida por la ministra Yasmín Esquivel Mossa –propuesta de Andrés Manuel López- e integrada por los ministros Luis María Aguilar Morales. Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y el decano, José Fernando Franco González Salas, definir el fondo del amparo y posteriormente el Pleno decidirá si la ley en comento es inconstitucional. Se requerirán 8 de los 11 votos.
El argumento del juez Fierro se fundamentó en que de entrar en vigor puede afectar la competencia y la libre concurrencia, con el riesgo, además, de ocasionar daños inminentes e irreparables al medio ambiente.
La Ley, publicada el 9 de marzo, queda sin efecto hasta que el Pleno de la Corte entre al fondo del asunto.
Independientemente de que los presuntos afectados por el nuevo marco legal para el sector –los generadores de energías limpias- desde la óptica jurídica, tendría más valor el daño que se generaría al medio ambiente a raíz de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reactivaría plantas termoeléctricas que utilizan combustóleo o carbón, combustibles vedados por el Acuerdo de París y que está firmado por México.
La decisión no solo frena la operación de la eléctrica sino que le abre un boquete más a Pemex que hacía ya las cuentas del gran capitán al vender el combustóleo que nadie quiere comprar por sus efectos altamente contaminantes.
Junto al tema ambiental se presenta el reclamo de los inversores nacionales y extranjeros, que amparados en la reforma energética de 2014 abrió las puertas para que se firmaran contratos y otorgaran concesiones a quienes generaran energías limpias: solar y eólica.
Aunque el amparo no revisa la relación México-Estados Unidos-Canadá por el acuerdo comercial entre las tres naciones y en el que se establece la garantía de la libre competencia, sin duda en su momento tendrá que ser analizado por los ministros de la Segunda Sala.
Conocido el fallo del juez federal, el presidente López estalló en ira y denunció que las grandes empresas son las que se benefician de los subsidios al consumo eléctrico y menciono a dos: Bimbo y Walmart, entre 40 que solicitaron amparo contra los efectos de la Ley de Energía Eléctrica, de las que hará público los beneficios que obtienen bajo el marco legal anterior y que ahora recobra vigencia hasta en tanto no se conozca el fallo de la Corte.
En la línea de la sumisión partidista, Morena emitió un comunicado en contra el Poder Judicial de la Federación y lo acusó por defender los intereses de una “minoría rapaz” e insistió en que señalarlo por “no defender los intereses del pueblo” y estar a favor de “la élite rapaz y corrupta.
El tema escaló y aún no se prevé que baje. Por el contrario, las presiones sobre el Poder Judicial se acrecentarán si los ministros de la Segunda Sala avalan las decisiones de dos jueves federales.
Se calienta el asunto y no por la llegada de la primavera.
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