*Destaca la Eliminación de la Partida Secreta
En una larga y productiva sesión, el pleno de Senado de la República aprobó por mayoría calificada 11 reformas diversas a la Constitución en el marco de una sesión presencial.
Entre los temas más importantes destaca la eliminación de la partida secreta en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la implementación de los juicios en línea en todas las ramas del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados de la república.
En el caso de la eliminación de la partida secreta los senadores reformaron el artículo 74 de la Constitución aprobado con 94 votos en favor para establecer que: “no habrá partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martí Batres Guadarrama afirmó que las modificaciones legales son parte de las acciones del gobierno para acabar con la corrupción y el dispendio de recursos.
Se pretende, señaló, “dejar atrás la posibilidad constitucional de que haya partidas secretas, así como para contribuir a que se mantenga en la memoria política del país la existencia durante muchos años de esa clase de gastos, propios de la corrupción como elemento del sistema político”.
Otra de las modificaciones a la legislación fue la referente al artículo 17 constitucional, propuesta por el senador Ricardo Monreal, y que presentó ante el pleno Martí Batres Guadarrama, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa aprobada por unanimidad con 97 votos a favor surge para subsanar la crisis en materia de justicia por el cierre de juzgados a consecuencia de la pandemia.
Con las adecuaciones a la legislación se implementa la justicia digital en México y se busca garantizar el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente en el Poder Judicial de la Federación y los de las entidades federativas en sus distintas ramas.
“Implementarán sus respectivos sistemas de justicia digital, mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación a efecto de substanciar y resolver en línea los juicios en todas sus etapas, así como la consulta e integración de expedientes electrónicos”, señala el documento.
Así mismo, el pleno del Senado validó cambios al artículo 73 de la Carta Magna, con 97 votos en pro, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de seguridad privada.
A decir de Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda tiene el objeto de plasmar en la ley las reglas y determinar la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en el territorio nacional.
Mientras que las modificaciones aprobadas al artículo 2 en materia de lenguas nacionales, avaladas con 87 votos establecen el reconocimiento del español y 66 dialectos más, entre ellos el Zapoteco, Chontal de Oaxaca, Lacandón y otras, así como el lenguaje de señas.
Los legisladores consideraron la importancia de establecer en la Constitución que las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país formen parte del patrimonio cultural de la nación al tiempo de garantizar que el Estado promueva su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso.
Otro asunto no menos importante es la aprobación con 91 votos de las reformas al artículo 116 de la Constitución que permite a las legislaturas de las entidades federativas -observando en todo momento la supremacía de los símbolos patrios- legislar en materia de símbolos estatales, como himno, escudo y bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y su identidad local.
Mientras que, con los cambios al artículo 105 constitucional que recibieron el aval de 83 senadores se faculta a la Cámara de Diputados a interponer acciones de inconstitucionalidad no sólo en contra de leyes federales, sino también contra adiciones o reformas constitucionales de las entidades federativas.
Finalmente, con 92 votos a favor se hicieron adecuaciones al artículo 26 para que la planeación sea democrática y deliberativa mediante mecanismos de participación que establezca la ley.
Con ella se tomará en cuenta a los ciudadanos en decisiones importantes, pues recogerá aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo del gobierno de la República
