Por Alfredo Mejía Montoya
Los tiempos estelares en el hacer cotidiano por la vida, dejan de percibirse en México, ante un descontrol criminal del manejo de la pandemia, a un año del arribo del Virus SARS-CoV2 (COVID-19), no hay forma sensible de reducir sus efectos mortales.
Es cierto, todos tenemos la inoportunidad de contraerlo, pero también no es menos cierto que la oportunidad de generar las condiciones para que eso no suceda está en el gobierno federal, quién se arrogó institucionalmente desde el inicio, las directrices de afrontar los estragos de los contagios del virus a la población en general, actividad que ha resultado un desastre.
Si bien los contagios derivan del movimiento de la población, al no seguir protocolos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sin embargo, la rectoría del estado no se ejerció ni ha puesto de manifiesto el cumplimiento de dicho protocolo y a la fecha no se perciben acciones que deriven en la disminución de los contagios y por ende de las defunciones por dicha causa.
A días de cumplir un año de la primera muerte en México (28 de febrero, 2020) por el virus, ya tenemos al 16 de febrero 2021, aproximadamente 180 mil muertos por la pandemia reconocidos oficialmente, más los 33,641 detectados por el INEGI con Acta de Defunción por Covid-19, datos duros que cimbran al país con más de 213 mil fallecimientos a la fecha.
Todo ello, dejó familias sin algún miembro, fueron padres, hermanos, hijos, hijas, tíos, abuelos los que ya no están, dejando rotas a familias enteras, sueños perdidos, escuelas vacías, quién repondrá esos espacios, quien procurará alimento, vestido y aliento a los que quedaron sin el sostén familiar, por la negligencia, impericia y visión política en el manejo de la pandemia.
Algunos organismos y grupos no gubernamentales están por entablar demandas en contra de los responsables de los cientos y miles de muertes que obviamente no debieron ser, si se hubieran dictado normas que realmente hubieran protegido a la población de los contagios y de su muerte: haciendo pruebas desde el inicio; aislando a los contagiados, sin embargo, ¡no lo hicieron!
Los responsables, día a día desde palacio nacional, siguen diciendo que el cubre bocas no es elemental, no haciendo más pruebas, y en las que se practican su positividad oscila entre el 35% y 45% esto es dramático, la mitad de la población se puede decir que esta contagiada, ¿a dónde nos llevan las autoridades de salud, que dicen estar protegiendo a la población? Y la letalidad en México se sitúa en 8.6% esto significa que de cada cien personas que se infectan de Covid-19, mueren 8.6, ocupando el primer lugar en el Mundo en este rubro, datos al 8 de febrero 2021, de la Universidad Johns Hopkins.
Los deudos ¿qué harán, a quién le reclamarán las muertes, de que vivirán sus hijos? ¿sus familias, de qué? El gobierno federal no ha hecho mucho por ellos, tal parece que muertos es menor la complicación, nunca han sido apoyados, ni ellos ni nadie, esa ha sido la retórica del Presidente de la República y todo su equipo de salud que a diario declaran que están al pendiente de la población y cada día mueren más o igual que el día anterior, y son miles, y seguramente serán muchos miles más si no se recapacita y se trata de cambiar la estrategia del combate a la pandemia y lograr controlar los contagios, pero tal parece que son más importantes las elecciones que salvar a algunos miles de ciudadanos de la muerte, probablemente segura, por la inacción del gobierno federal o por la actividad irregular.
Ya son miles de voces también que dicen reclamaran las acciones irregulares del Estado Federal y claro, también las de funcionarios de salud que mal han dirigido las acciones en la pandemia.
En nuestro derecho positivo existe una ley que otorga la posibilidad al ciudadano de exigir al gobierno federal una indemnización por la actuación indebida, en el caso, de la pandemia, como el subejercicio del presupuesto en salud; la falta de insumos, de medicinas, de equipo de protección para el personal de salud y la falta de ayuda a empresarios o emprendedores para que no murieran también sus negocios, etc.
Son muchas voces y no rumores de que los deudos, hijos, padres, hermanos, exigirán que alguien se haga responsable de las miles de muertes que han acaecido y puesto en luto al país entero, y reclamarán el cumplimiento a sus derechos que el Estado está obligado a proporcionar, como lo es, el de la salud, consagrado en el artículo 4º constitucional como garantía. Y es en el área de salud que las autoridades han hecho caso omiso de la ordenanza de la Constitución Federal, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y de las leyes sanitarias correspondientes.
Y sí, existen disposiciones de orden público que fijan las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, en el caso, el derecho a la Salud. Derecho elevado a garantía constitucional.
Precisamente por la negligencia, la impericia y la visión política en el manejo de la pandemia, las acciones de gobierno fueron irregulares: el total descontrol de la pandemia desde sus inicios, sobre todo porque tres meses atrás se tenían antecedentes de que el virus llegaría a América y por ende a México, y no hubo prevención, ni medidas sanitarias tendientes a resguardar la salud de la población y evitar que la infección penetrara (como lo hizo), cerrando fronteras, instalando carpas de salud en aeropuertos, haciendo pruebas, pruebas, pruebas como lo sugirió la OMS. El virus no se hubiera propagado como lo hizo, girando instrucciones de que la ciudadanía cumpliera los mínimos de seguridad para no contagiar si se era asintomático, como lo era desde entonces el cubre bocas, cierto se dictó el confinamiento, pero por el hecho de no hacer pruebas, los contagios eran silenciosos y se fue enfermando la población entera, ante el beneplácito del Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, tanto que manifestó que “la Pandemia le cayó como anillo al dedo”, monopolizando las acciones del supuesto control de la pandemia que, una vez politizada, fue difícil enderezar las vías institucionales de salud recogidas del mundo entero, ya que, si éstas se hubieran adoptado, los contagios hubieran sido menos y por ende las muertes también.
La población tiene el derecho de reclamar una indemnización al amparo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por la actividad irregular en que incurrió éste y que ha derivado en miles de muertes, las pruebas son públicas y de dominio público, la negligencia deberá ser castigada en principio con el derecho a la indemnización a la que se refiere el artículo 1º. de la dicha Ley. ¡Sólo tendrá que ejercer ese derecho, la población afectada…!
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