Pese a las protestas de México, la casa Christie’s celebró en París una subasta de piezas prehispánicas, cuyo objeto estrella, una estatua de la diosa Cihuateotl, fue adjudicada por 600 mil dólares.
La venta «Quetzalcóatl, serpiente emplumada», un conjunto de 40 piezas procedentes de manos privadas europeas, recaudó un total de 3 millones de dólares, lo que supone «la mayor suma para una subasta de arte precolombino de Christie’s en París», según la casa.
La figura de Cihuateotl, de 87 cm y fechada de 600-1000 d. C, se vendió por debajo del precio estimado (entre 710 mil y 1.1 millones de dólares). La diosa está representada sentada, con restos de pigmento blanco y rojo intenso.
También se subastó una máscara atribuida a la cultura teotihuacana que fecha de 450-650 d. C. por 526 mil 800 dólares. Formó parte de la colección personal de Pierre Matisse -hijo del famoso pintor Henri Matisse-, que la compró en 1938 y la conservó durante más de 50 años, según el catálogo. Estaba estimada entre 420 mil y 640 mil dólares.
México había pedido detener la venta de las piezas, asegurando que entre ellas se encuentran tres objetos «falsos», incluido esta máscara.
Las otras dos piezas supuestamente falsas son una máscara y una rana tallada, correspondientes a dos artesanías de Xochilapa, en Guerrero, que fueron adjudicadas respectivamente por 72 mil y 48 mil dólares.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México indicó el 3 de febrero haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para emprender acciones legales contra la comercialización de estos objetos, a la vez que solicitó a la cancillería acciones diplomáticas para recuperarlas.
Por su parte, Christie’s aseguró que los objetos fueron «vendidos de forma legítima en el marco de un procedimiento de venta pública transparente y conforme a la ley», agregando que en «ningún caso» propondría una obra de arte «si existiesen dudas en cuanto a su autenticidad y procedencia».
Al denunciar la venta, el director del INAH, Diego Prieto, declaró que los bienes arqueológicos de México «son propiedad de la nación, inalienable, imprescriptible e inembargable, y por lo tanto, se encuentran fuera de cualquier acto de comercio».
