Para la ubicación y detención del exgobernador de Puebla, Mario N, se creó un grupo de trabajo especial dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyó analistas de información, policías y agentes del Ministerio Público, quienes retomaron una investigación olvidada y desatendida en años pasados.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por la FGR, desde el 2019 Mario N, era buscado por un grupo de inteligencia de ministerios públicos y elementos federales, y se le siguió el rastro por los estados de Puebla, Morelos y Guerrero, en donde finalmente fue capturado el pasado miércoles por el grupo especial en cumplimiento a una orden de cateo obtenida por el Ministerio Público el día anterior.
Este miércoles, la FGR informó que el proceso penal en contra de Mario N, por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, se suma a la detención y procesamiento de otras cinco personas involucradas en los hechos, dos de las cuales ya han sido declaradas culpables a través de sentencia condenatoria.
A la fecha, existen otras cuatro órdenes de aprehensión vigentes en contra de autores materiales, e instigadores de Cacho en 2005, cuando la periodista publicó el libro «Los demonios del edén», en el que denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos.
De las actuaciones ministeriales se desprende que se llevaron a cabo diversos análisis de contexto, nuevas entrevistas y se estableció una argumentación jurídica innovadora y una vez reunidos los datos de prueba, se presentó una consignación en contra de ocho personas que incluía a Mario N como autor intelectual y cabeza de una estructura organizada de poder.
De la investigación presentada por laFiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se desprende que Nacif instigó a Mario N aprovechándose de haber participado económicamente en su campaña política para ser gobernador, pidiéndole que se castigara a la periodista por sus publicaciones y entrevistas.
La FGR logró establecer que Mario N, teniendo una “deuda moral” con Nacif accedió y utilizó a la Policía Judicial del estado para castigar a la periodista a través de ejecutar una orden de aprehensión en su contra por difamación que se concretó cuando la periodista fue detenida en Cancún.
Durante el traslado a Puebla, la torturaron y amenazaron psicológicamente y a su llegada a Puebla, el gobernador ordenó que se estableciera una imagen pública de que Lydia Cacho había sido tratada adecuadamente haciendo parecer que había sido detenida por mujeres, cuando estas se incorporaron minutos antes de llegar a presentarla a los medios de comunicación.
